Chimbote en Línea .- (El Comercio).- La procuradora Julia Príncipe Trujillo informó que desde hace un año el Ministerio Público no resuelve una queja que interpuso respecto al archivamiento de una investigación que realizó su despacho contra el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez. El delito: presunto lavado de activos.    

 "Es inconcebible que haya transcurrido un año desde la procuraduría presentó una queja [11 de junio de 2013] y no se haya resuelto", dijo Príncipe en el programa "Sin peros en la lengua". De acuerdo a ley, la fiscalía tiene un plazo no mayor de tres días para resolver dicho recurso.

La abogada del Estado contó que su despacho presentó la queja luego de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, a cargo del fiscal Hernán Quispe Rodríguez, decidiera archivar la investigación contra Álvarez. Además, Quispe declaró nulo un primer recurso de queja sobre ese mismo caso.  

"El fiscal Quispe declaró improcedente la queja. El argumento fue que había sido interpuesta fuera del plazo de ley. Frente a eso, remitimos documentación acreditando que lo habíamos hecho dentro del plazo; sin embargo, no obtuvimos respuesta", dijo.

De hecho, Príncipe informó que hasta en tres oportunidades la fiscalía de Huaraz archivó las investigaciones que hicieron contra el hoy detenido presidente regional de Áncash. Todas por el mismo delito que vincularía a una red de 56 testaferros.

EL SILENCIO DE PELÁEZ
La procuradora señaló que, al no encontrar respuesta a su queja, le remitió un oficio al entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. "El año pasado, en setiembre, le doy cuenta a Peláez de todos estos hechos. En un oficio le anexo todos los antecedentes. Y, sin embargo, no obtengo respuesta", dijo.

NEXOS CON ORELLANA
En otro momento, Príncipe contó que también están investigando al empresario Rodolfo Orellana, sindicado por la Procuraduría Anticorrupción de formar parte de la organización criminal de Álvarez en Áncash.

"Los presuntos delitos que se le imputan a Orellana son tráfico de tierras y estafas", afirmó la procuradora sin dar más detalles, pues la investigación contra el empresario está abierta.

Sin embargo, la abogada reveló que existirían nexos entre Orellana y Peláez Bardales. Según contó Príncipe, la empresa Coopex, de propiedad de Orellana, tiene como uno de sus socios a Daniel Ramsay Romero, ex asesor del ex fiscal de la Nación.