Chimbote en Línea (Columnistas - Por: Lic. Manuel Chiroque Farfán*)  El debate sobre la nueva ley universitaria se ha desarrollado hasta ahora con grandes dosis de ignorancia y desinformación.  Incluso dentro de la misma comunidad universitaria, el temor al cambio le ha ganado al análisis desapasionado, y el insulto fácil al intercambio de argumentos sólidos, como se puede ver en las redes sociales.

El eje de la discusión es la autonomía universitaria, amenazada con la creación de una todopoderosa Superintendencia adscrita al Ministerio de Educación y que, según el proyecto de ley, “supervisa la calidad y fiscaliza el uso de los recursos de las universidades” y tiene la potestad de autorizarlas o cerrarlas.  

No se puede pecar de ingenuos con esta intención controlista que deja a las universidades a merced de los vaivenes del gobierno de turno; sin embargo, es innegable la crisis del sistema universitario peruano y el papel inoperante y cómplice de la Asamblea Nacional de Rectores, su máxima instancia.

La reforma es necesaria, sin llegar al extremo de desaparecer la ANR. La Federación Nacional de Docentes Universitarios ha propuesto en su lugar un Consejo Nacional de Universidades – CNU, que integrarían reconocidos académicos de las universidades públicas y privadas, junto a representantes de las federaciones de docentes y universitarios. A ellos se sumaría un comité consultivo que incluya al Concytec, el Ministerio de Educación, los gremios empresariales, los colegios profesionales y los gobiernos regionales y locales, entre otros.  

En mi opinión, el CNU es mejor que una superintendencia. El primero es una instancia de coordinación surgida del propio sistema universitario, en tanto que la segunda es más bien un ente de control. No obstante, le sumaría uno o varios representantes de los rectores en ejercicio, pues – nos guste o no – son la cabeza ejecutiva de las universidades y su nivel de toma de decisiones debe considerarse.

Otro punto que genera discordia es que, según la ley, aquellas universidades cuyas facultades o carreras no logren acreditar su calidad después de 3 evaluaciones consecutivas, serán disueltas.  Alumnos y docentes han puesto el grito en el cielo, pero si queremos una educación competitiva una exigencia de este tipo nos sacará del letargo.  Tampoco me opondría a la tesis como condición para el bachillerato, pues la mayoría de universidades ya impulsa la elaboración de la tesis en el último año de estudios. Apenas culminan,  sustentan.  

Un aspecto crucial es la elección de las autoridades universitarias; hoy alumnos y docentes eligen a unos pocos  asambleístas y estos a su vez eligen al Rector. Si bien se ha repetido hasta la saciedad que este método genera un clientelismo político que favorece solo a una cúpula, nada garantiza que el voto universal lo evite. Si no, observe la calidad de congresistas o alcaldes que tenemos.  Aquí la cuestión no es el sistema, sino el escaso nivel crítico del votante.

Los dirigentes estudiantiles y de docentes también se oponen a las sanciones para quienes impulsen protestas y acciones partidarias en la universidad, pues señalan que atenta contra la libertad de pensamiento y el ejercicio de las ideas políticas.  Permítanme discrepar. 

No veo nada de ello, por ejemplo, en el artículo 90.2 que determina un cese temporal por “ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la universidad, actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad universitaria”; o en el artículo 91, que castiga con destitución al responsable de “maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave” o por “realizar en las instalaciones universitarias, actividades de proselitismo político partidario en favor de partidos políticos, movimientos, alianzas o dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales”.

¡Cuánto daño le ha hecho la condescendencia con estas faltas a la imagen de las universidades públicas! En la UNS, por quítame estas pajas se cierran las puertas y se deja sin clases a quienes, incluso, no están de acuerdo con el radicalismo de grupos generalmente pequeños y sin representatividad.  O ahora que se avecinas las elecciones, que bien vendría aplicar el cese temporal a los escribas de panfletos.

Por estas y otras razones que se quedan en el tintero, analicemos la conveniencia de una reforma en el sistema universitario y, estemos de acuerdo o no, informémonos, debatamos y busquemos el consenso. El desconocimiento, el insulto, la desinformación no son caminos válidos en el espacio académico.

* Docente Universidad Nacional del Santa - UNS