Chimbote en Línea.- Una vez más los tres peritos de la Oficina de Criminalística de la Dirección contra la Corrupción acudieron hasta los dos inmuebles de propiedad de propiedad de Juan Cortez Bravo y Rafaela López Pineda, ambos acusados de ser los presuntos testaferros de la prófuga “periodista” comando, Rossy Olivarez de la Cruz, por el caso La Centralita.

Al llegar al lote 4 de la manzana B y al lote 18 de la manzana E del asentamiento humano La Molina en Nuevo Chimbote, los peritos procedieron con la diligencia de tasación y valorización de las viviendas programada por la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción de Lima, a cargo del fiscal Elmer Chirre Castillo.

Esta diligencia que se inició a las 9 de la mañana contó con la participación del fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción del Santa, Mario Muñoz Villanueva, quien procedió a notificar la labor de los peritos de la policía, quienes no dejaban de medir el perímetro de las viviendas.

Fueron los peritos ingenieros civiles, Luis Alberto Carrasco Vergaray y Marco Antonio Cárdenas Díaz, ambos coroneles de la policía, asimismo el asistente Walter Manzano Vélez, suboficial Policía Nacional, los que volvieron a realizar este trabajo a ambos inmuebles. Esto como parte de los 30 programados para la investigación que culmina a fines de agosto.

Hasta el lugar se apersonó, Joel Cortez López, hijo de los presuntos testaferros, quien le manifestó a las autoridades que estos inmuebles no les pertenecen a sus padres, sino que fue de su propiedad, pero que los vendió a otras personas.

Refirió que el lote 4 de la manzana B fue ofertado en diciembre del año pasado a un pescador a 12 mil soles y la otra vivienda ubicada en la manzana E fue vendida a 15 mil soles en enero pasado, pero que los nuevos propietarios ya debieron haberlos inscritos en Registros Públicos.

“Mis padres están siendo investigados por lavado de activos. Yo informé a la Fiscalía que estas propiedades son mías, sino que los puse a nombre de ellos para no tener problemas conyugales, pero lamentablemente no han tomado en cuenta”, expresó.  

Dijo su decisión de venderlas no fue para desaparecer las evidencias contra sus progenitores, sino porque necesitaba dinero para contratar abogados para este proceso que se les sigue.

(Redacción central)