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Reflexiones sobre el caso Odebrecht y el desafío de la reforma electoral

(Perú en Línea) “Es importante incentivar que quienes buscan el poder lo hagan empleando medios lícitos y proteger a la democracia de la corrupción y otras formas delictivas”, comentó hoy el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara Castillo, a propósito de las informaciones sobre el escandaloso caso Odebrecht en el financiamiento de campañas electorales en el Perú.

Para Távara difícilmente llegaremos conocer el monto exacto que la mencionada empresa brasileña destinó a financiar campañas electorales, pues como Transparencia advirtió solo el 30% de lo gastado por los partidos políticos son reportados a la ONPE;  pero “la información difundida en la prensa,  indica que al menos una parte importante del dinero de la corrupción ingresó vía campañas electorales, como ingresa también el dinero del narcotráfico y de otras actividades delincuenciales”, asegura.

Como se conoce, Transparencia inició una campaña para promover la reforma institucional en el país y presentó un documento con 32 propuestas al Poder Legislativo; dentro de las que se incluyen 11 referidas al sistema electoral, y que urgen ser debatidas y aprobadas pronto por la cercanía de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo año.

En su columna, publicada hoy en El Comercio, Távara Castillo considera que el escándalo Odebrecht puede traernos lecciones para la reforma electoral y, en particular, para el financiamiento de la política. Así propone debatir sobre los costos de las campañas electorales, el financiamiento privado y las multas por infracciones.

Távara recuerda que según los reportes de la ONPE, los mayores gastos son los destinados a la publicidad electoral, especialmente en radio y televisión. “Países como México, Chile, Brasil y Ecuador prohíben la compra de espacios en TV o radio. Una medida intermedia sería no eliminar pero sí limitar estos gastos a, por ejemplo, no más del 20% de los costos totales de una  campaña electoral. Una medida así supondría que los partidos, movimientos y alianzas utilicen fundamentalmente la franja electoral que como financiamiento público indirecto ofrece y paga el Estado y que actualmente no es aprovechada de la mejor manera”.

Távara se mostró a favor de la propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad que recomendó prohibir que capitales extranjeros financien campañas electorales. “De aprobarse esta medida, Odebrecht y sus similares estarían impedidas de apoyar candidaturas y serían únicamente las empresas nacionales las responsables del financiamiento privado de las campañas, además de las personas naturales. Una medida de esta naturaleza busca evitar que intereses económicos foráneos interfieran en decisiones políticas nacionales”, sostiene.

Como complemento, dice se debe incrementar los topes de los aportes de empresas y personas a las organizaciones políticas y sus campañas. Y exigir que todo aportante declare ante la ONPE los montos y beneficiarios de sus donaciones en aras de transparentar el financiamiento de la política y facilitar la supervisión.

Finalmente, señaló que entre las 32 propuestas para la reforma institucional presentadas por Transparencia, está la referida a sancionar políticamente a quienes oculten o alteren información sobre las finanzas de campaña; incluyendo la suspensión en el registro de organizaciones políticas y la prohibición de participar en elecciones.