Chimbote en Línea.- La perito contable Judith Arroyo Castañeda, continuó con exponer el informe de pericial del Ministerio Público en el proceso judicial que se sigue contra la alcaldesa provincial, Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, ambos acusados de la presunta comisión del delito de colusión por el caso de los “semáforos inteligentes”.

Esta mañana en audiencia la profesional explicó las conclusiones arribadas en su labor pericial frente al juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, Efer Díaz Uriarte, el fiscal anticorrupción Laureano Añanca, el procurador, Richard Asmat y los abogados de los procesados.

Refirió que para el proceso de semaforización no existió una viabilidad presupuestal para iniciar la obra Mejoramiento de la Red Semafórica de Chimbote, es decir cuando se dan los trabajos no existían los recursos necesarios para iniciar y culminar, tal como exige la ley. Es por ello que determinó que los recursos se tomaron de otras partidas presupuestales. La peritó indicó además que existió sobrevaloración en los precios unitarios.

En la próxima audiencia que se desarrollará el 24 de abril a las 12 y 10 del mediodía continuará con el interrogatorio de la perito por parte del abogado, Augusto Cruz Rossel y de Carlos García quien patrocina al empresario y ganador de la buena pro, Emilio Rivas Gay. Terminada su exposición continuarán los profesionales que evaluaron la ampliación pericial de ingeniería civil, mecánico y electrónico.

En este caso también se investiga a la gerenta de Obras, Micaela Flores Gómez, a Javier Menacho Méndez, al exfuncionario edilicio Aquior Mendoza Mendoza y al representante del Consorcio ITS Santa, Rivas Gay.

Según la tesis que maneja, en el 2009 los funcionarios de la comuna provincial se habrían coludido para favorecer al citado consorcio en la adjudicación y licitación de dicha obra y con el cual se produjo una presunta sobrevaluación de más de 3 millones de soles, la cual no estaba considerada en el Plan Anual de Inversión del Municipio del Santa.

La Fiscalía Anticorrupción del Santa solicita 4 años y 10 meses de cárcel para Espinoza y Cortez. En el caso del empresario chileno Emilio Rivas solicitó 4 años y 8 meses de prisión, mientras que para Aquior Mendoza la pena a considerar fue de 3 años, pero efectiva.

En tanto la Procuraduría Anticorrupción requiere más de 4 millones de soles como pago de reparación civil de forma solidaria.

(Por: Milton Palpa)