Chimbote en Línea.  – Un grito de inocencia que suena a blindaje. El exfiscal provincial contra el crimen organizado Juan Carrasco Millones contó —en entrevista con La República— cuál fue la participación de César Vásquez, nuevo ministro de Salud de Dina Boluarte, en el caso Los Temerarios del Crimen, el cual acabó con la condena del exalcalde David Cornejo Chinguel y del empresario Yuri Campos en el marco de un entramado de corrupción de coimas a cambio de licitaciones de obras públicas en Chiclayo. Quien no compartió la misma suerte con los dos antes mencionados fue el entonces parlamentario César Vásquez, quien fue blindando por el actual Congreso en enero del 2022, cuando se mandó al archivo el informe de calificación de la denuncia constitucional planteada en su contra por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

—Usted fue fiscal provincial contra el crimen organizado de Chiclayo y vio el caso de Los Temerarios del Crimen. El nuevo ministro de Salud, César Vásquez, estuvo involucrado en dicho caso como congresista. ¿Qué decía la tesis fiscal sobre su vinculación?

—Bueno, en esa época yo ocupaba el cargo fiscal, estoy recordando que fue en el año 2018, a fines, que se realizó un operativo contra el exalcalde David Cornejo Chinguel y el operativo —tras la captura de varios funcionarios— dio como resultado que la declaración al alcalde señalaba que hubo varios congresistas que intercedían con empresas constructoras para que se les adjudique algunas licitaciones de obras públicas. Entre esos congresistas estaban (Héctor) Becerril, (Javier) Velásquez (Quesquén) y otros.

En el caso del Sr. César Vásquez hay un tema de sindicación puntual, lo que manifestó el exalcalde es que la empresa constructora del Sr. Yuri Campos contacta al hermano de David Cornejo Chinguel, este le pide una coima para que le puedan adjudicar (la licitación). De acuerdo la versión del exalcalde, ahí interviene César Vásquez intercediendo en un tema de tráfico de influencias. Cuando adjudican la obra, el hermano de David Cornejo pide que se cumpla con el pago prometido, ahí le dicen que le iban a dar una parte porque la otra se gastó con César Vásquez.

Esa fue la imputación, se hicieron las diligencias preliminares, se corroboró con testigos y, finalmente, se condenó a Yuri Campos, se acreditó que existió un delito. Se acreditó la participación del exalcalde y de su hermano, solamente faltaba la condena a César Vásquez, pero por su calidad de congresista y aforado se hizo el informe respectivo en marzo del 2019, con todos los elementos de prueba respectivo se envió a Fiscalía de la Nación. Ya en octubre del 2019, ya con la condena del empresario y del alcalde, se remitió una ampliación del informe. Todo está plenamente acreditado, sino no hubiesen sido condenados. Lo único que quedaba era que la fiscal de la Nación de ese entonces, la Sra. Zoraida Ávalos, presentara la denuncia constitucional y así lo hizo.

—Efectivamente, el caso se vio a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, pero esta votó por mandarla al archivo en enero del 2022.

—Sí, lamentablemente este caso en la SAC fue archivado. La teoría que nosotros planteamos es que, de tres personas que participan, dos ya tenían condena y la tercera no tenía condena. Efectivamente, no puede decir que es inocente. Si no, al igual que Alan García, quien se acogió al tema de la prescripción. En este caso, es una norma que lo protegía por haber sido congresista. Si bien es constitucional, es un trámite netamente regular que finalmente no tuvo éxito. El mensaje que dejó el Congreso fue que se trató de un tema de impunidad porque con todas las pruebas que había se sentó un mal precedente. Y no solo en ese caso, sino en muchos otros casos que se remitieron en informes a la Sra. Zoraida Ávalos. Escuché que fueron más de 38 denuncias contra los aforados, que de eso se encarga la Fiscalía de la Nación.

—Precisamente ese mismo Congreso vota un pedido para inhabilitar a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por 5 años para el ejercicio de la función pública. Una denuncia constitucional que sí tuvo éxito en la SAC y acogida entre las bancadas.

—Estamos viviendo momentos muy difíciles, donde el conejo está disparándole al cazador. Eso es también lo que me ha pasado a mí la semana pasada, en una votación en la tarde y después otra a medianoche prácticamente para una reconsideración (para inhabilitarlo por cinco años). La verdad que, esto no se podría llamar democracia en ninguna parte del mundo, no estamos en una democracia porque si aquellos que hemos investigado y solo por una venganza política se nos quiere sacar de la gestión pública, es muy escandaloso, arbitrario, abusivo y es un abuso de poder. Afecta a los derechos fundamentales y vemos que las instituciones encargadas de resguardarlas no opinan, no salen a hablar de cómo está la situación aquí. En el Congreso hay una persecución política contra aquellos que en algún momento se enfrentaron al poder. (Fuente: La Republica )