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Jorge Salas: Corte IDH otorgó medidas de protección para el presidente del JNE y su familia tras amenazas

Chimbote en Línea.  – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Gobierno de Dina Boluarte que tome "de forma inmediata" todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y su núcleo familiar.

"Requerir al Estado que adopte de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de Jorge Luis Salas Arenas, Dolly Carmela Manrique Zúñiga, Pamela del Carmen Salas, Héctor Salas Arenas y Dulmis Fresia Manrique Zúñiga", resuelve la Corte IDH.

En esa línea, solicitaron que se investiguen las amenazas que recibió Jorge Salas con la finalidad de que se presente un informe para garantizar la aplicación de la medida.

"Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 29 de septiembre de 2023, sobre la situación de Jorge Luis Salas Arenas y su núcleo familiar, a la luz de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a esta decisión", precisa el informe.

"El Estado deberá presentar un informe periódico a más tardar una semana después de la realización de las reuniones de coordinación, informando sobre los resultados de las mismas y de cualquier investigación que esté desplegando", añade.

Jorge Salas: Fiscalía ya investiga amenazas

La Fiscalía dispuso abrir investigación preliminar contra el líder del grupo extremista Los Combatientes, Roger Ayachi, por los permanentes ataques y la amenaza de muerte perpetrada contra Jorge Salas Arenas.

La Octava Fiscalía Corporativa Penal investiga el caso por los presuntos delitos contra la libertad, en su modalidad de acoso; así como por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, ilícitos previstos y sancionados en los artículos N°151-A y N° 366 del Código Penal.

De acuerdo a la normativa vigente, el delito de acoso es castigado con una pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, y con 60 a 180 días-multa. (Fuente: La República)