Chimbote en Línea.- Considerando que no variaron los presupuestos con los que se ordenó la medida coercitiva de prisión preventiva contra el acusado Juan Francisco Gasco Barreto, el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva que solicitó la defensa de la exautoridad edil del distrito de Nuevo Chimbote.

La investigación data del año 2011, luego que se denunciara que el alcalde distrital, Juan Gasco, su gerente municipal, Rodolfo Barrantes, funcionarios, así como algunos empresarios se habrían coludido para adjudicar la buena pro de la construcción de veredas en el PP.JJ. Villamaría al Consorcio Jurídico, simulando concurso e impulsando bases acorde a sus requerimientos. Para ello tanto Gasco, como Barrantes, habrían solicitado sumas de dinero que no fueron aceptadas, por lo que se dejó sin efecto la buena pro, al advertirse que el hermano de un funcionario municipal estaba licitando, situación que según la tesis fiscal era conocida desde antes y que comprendía el delito de negociación incompatible.

Otra de las acusaciones recae contra la adjudicación directa selectiva para la Construcción de pistas y veredas en la Urb. Los Portales en el año 2012, para los cual los funcionarios se habrían coludido con su Jefe de Campaña durante las elecciones Municipales del año 2011 para adjudicarle la buena pro de la obra y recibir el 10% de la obra, es decir S/55 mil soles, ilícito penal de colusión agravada. Así mismo la investigación comprende la entrega de cheques girados a nombres de terceros y de dinero de caja chica, con los cuales Juan Gasco y Rodolfo Barrantes habrían usado indebida y directamente recursos del Estado para operaciones personales y contractuales, bajo exigencias al Jefe de la Unidad de Tesorería, tales como alquiler de volquetes en casi Dos millones de soles, asesorías externas, pagos de Ecoferia, entre otros.

Por estos delitos la Fiscalía viene solicitando penas efectivas que van desde cuatro años y dos meses hasta cuatro años ocho meses, los cuales al advertirse un concurso real de delitos podría superar los 10 años de cárcel. Ante esto el juez Jorge Chávez Tamariz declaró infundado el cese de prisión, por lo que la exautoridad municipal permanecerá recluida en el penal de Cambio Puente.