Chimbote en Línea.- El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Williams Vizcarra rechazó que haya algún tipo de presión contra la titular del Primer Juzgado Unipersonal Transitorio, Patricia Peralta Gambini quien fue recusada por haber adelantado la fecha para el inicio del juicio oral por el caso Nehalem.

“No hay presión a ningún juez. Ellos toman con absoluta autonomía e independencia sus decisiones. No hay por qué preocuparse, si él (Julio Cortez) piensa así, está en su legítimo derecho, pero que se tranquilice porque no tenemos ningún propósito e intención de generar algún grado de presión sobre la juez, es más ella tiene la obligación y el deber de resolver con plena y absoluta imparcialidad”, expresó.

Vizcarra Tinedo dijo que su gestión está orientada a generar las condiciones para que no existan elementos perturbadores  y las audiencias se desarrollen tal como se programan. “La fecha de las audiencias no son actos jurisdiccionales, sino administrativo y está a cargo del administrador del módulo de la sede judicial

“Estas se programan de acuerdo al número de procesos en trámite, de acuerdo a que las salas se encuentren libres, el número de procesados, lugares donde se van a notificar. Las decisiones que se tomen dentro del proceso judicial eso sí es responsabilidad de los jueces”, anotó.

El titular de la Corte dijo que la recusación contra la jueza sobre este pro ceso judicial que involucra a Victoria Espinoza y Julio por la presunta comisión del delito de colusión se resolverá entre el lunes y martes de la próxima semana.

“Esperemos que la Sala de Apelaciones resuelva con prontitud para que un día antes de la fecha (24 de junio) se cuente con la resolución y se conozca  si la jueza seguirá o no conociendo la causa”, sentenció.

Como se recuerda la jueza Patricia Peralta programó para el 22 de julio el inicio del juicio oral por el citado caso y por observaciones de la Odecma adelantó la fecha quedando para el pasado 7 de junio. Ese día tampoco se realizó la diligencia, debido a la inasistencia del abogado defensor del representante del consorcio Nehalem. La nueva fecha se fijó para el viernes 24 de junio a las 2 y 30 de la tarde.

Vale precisar que en este caso la Fiscalía exige 5 años de cárcel para ambas personas y dos exfuncionarios edilicios; sin embargo para otro solo pidió 3 años de prisión por lo avanzado de su edad (mayor de 65 años). En tanto la Procuraduría exige una reparación civil de 200 mil soles y la inhabilitación para ejercer la función pública durante 3 años.

A ellos se les acusa de un  presunto direccionamiento para la ejecución de la obra referida a la ejecución de agua y desagüe en el sector III de Chimbote  valorizada en más de 14 millones de soles. El consorcio Nehalem, pese a que había irregularidades, fue beneficiado con el otorgamiento de los trabajos.

(Por: Milton Palpa)