Chimbote en Línea.- el proceso judicial que se ventila en la Corte Superior de Justicia del Santa por el caso de “fotopapeletas electrónicas” el cual involucra al preso exalcalde Luís Arroyo Rojas tuvo que ser reprogramado para el próximo 4 de enero a las 10 de la mañana.

Así lo dispuso la jueza Patricia Peralta Gambini, quien remplazó a su homólogo del Segundo Juzgado Penal Unipersonal, Efer Díaz Uriarte. La decisión la tomó, debido a que no se pudo entablar conexión a través de videoconferencia con el penal de Piedras Gordas (Lima), donde está recluido Arroyo Rojas, por la huelga que acatan los trabajadores del Poder Judicial.

De la misma forma se había dispuesto para hoy el recojo de la declaración de un testigo el cual no concurrió a la presente audiencia y no hubo notificaciones correspondientes en el cuaderno de debates. “Y teniendo en cuenta que la suscrita está asumiendo el despacho del Segundo Juzgado Penal Unipersonal, a cargo de Efer Díaz Uriarte quien está con licencia… la misma no puede continuar la audiencia y se debe suspender”, apuntó la magistrada.

Al ser consultado con el fiscal, Laureano Añanca, señaló que para hoy en audiencia de juicio oral estaba programado el recojo de la declaración de testigos “estamos en plena actuación de medios probatorios”, anotó.  

Entre los exregidores acusados por la presunta comisión del delito de colusión se encuentran: Oswaldo Ávalos Angulo, Víctor Llanos Muñoz, Alberto Enríquez Namay, Henry Torres Romero, Katherine Moreno Alzamora, Norberto Aguilar Carranza, Adela Vásquez Córdova y Carlos Lynch Rojas.

La Fiscalía solicita 4 años y diez meses de cárcel para todos ellos, salvo para la exregidora municipal, Adela Vásquez para quien el Ministerio Público pidió una pena de 3 años, pero que también sea efectiva. En tanto no se tomará en cuenta en este proceso al exconcejal, Gilberto Arellano Castillejo, quien falleció el año pasado.

La investigación también alcanza a la exjefe de Administración Tributaria de la comuna provincial, Carmen Villanueva Acosta y la representante legal de la empresa Zaikafer, Zaida Karina Fernández Morales, a quien al parecer se le habría beneficiado de forma directa, a través de una sesión de concejo con la concesión de este servicio. Accionar que fue muy cuestionado en su momento.

La Procuraduría Anticorrupción del Santa pide como reparación civil 70 mil 127 soles, a favor del Estado.  Este hecho se remonta al año 2012, cuando en sesión de concejo municipal, los regidores aprobaron concesionar el servicio de cobro de “fotopapeletas electrónicas” a la empresa Zaikafer, a pesar que no estaba dentro de sus funciones y que de lo contrario debió darse a través de un concurso público.

(Por: Milton Palpa)