Chimbote en Línea.- A pesar de haber sido notificada, la perito contable Judith Arroyo Castañeda, no  acudió a la Corte Superior de Justicia del Santa para continuar con el proceso judicial que se sigue contra la alcaldesa provincial, Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, ambos acusados de la presunta comisión del delito de colusión por el caso de los “semáforos inteligentes”.

Tras varios minutos de espera y a pedido del fiscal anticorrupción, Laureano Añanca, el titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, Efer Díaz Uriarte decidió reprogramar la diligencia para el 5 de mayo a las 9 y 30 a.m.

Dijo que si la profesional-quien no justificó su inasistencia- no concurre a la diligencia será llevada por conducción compulsiva y se le multará con 3 URP. No obstante aseveró que no prescindir de su manifestación, pues es indispensable la labor que realizó en este proceso judicial, que involucra además a la gerenta de Obras de la MPS, Micaela Flores Gómez, al subgerente Javier Menacho Méndez, al exfuncionario edilicio Aquior Mendoza y al representante del Consorcio ITS Santa, Rivas Gay.

Para ese día, está previsto continuar con el interrogatorio por parte del abogado, Augusto Cruz Rossel sobre pagos de recibos de devolución por compra de bases respecto al proceso de semaforización; asimismo las preguntas de Carlos García quien patrocina al empresario y ganador de la buena pro, Emilio Rivas Gay.

Terminada su exposición harán lo mismo los profesionales u órganos de prueba del MP, quienes evaluaron y emitieron su informe de la ampliación pericial valorativa de ingeniería civil, mecánica y electrónica.

Para la Fiscalía Anticorrupción, en el año 2009 los funcionarios de la comuna provincial se habrían coludido para favorecer al citado consorcio en la adjudicación y licitación de dicha obra y con el cual se produjo una presunta sobrevaluación de más de 3 millones de soles, la cual no estaba considerada en el Plan Anual de Inversión del Municipio del Santa.

En ese sentido ha solicitado 4 años y 10 meses de cárcel para Espinoza y Cortez. En el caso del empresario chileno Emilio Rivas solicitó 4 años y 8 meses de prisión, mientras que para Aquior Mendoza la pena a considerar fue de 3 años, pero efectiva.

En tanto, la Procuraduría Anticorrupción pide más de 4 millones de soles como pago de reparación civil de forma solidaria.

(Por: Milton Palpa)