La denuncia comprende también a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola; los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero; y el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta.

 

Se les atribuyen los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves por dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de los ciudadanos fallecidos y heridos comprendidos en dichas denuncias.

 

Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.

 

Además, se ha expedido disposición fiscal de archivo de la imputación por el delito de genocidio formulada en un primer momento contra los investigados.

 

En total se registraron 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas con lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos), precisa el comunicado de la Fiscalía de la Nación.

 

Informaron también que hay 303 carpetas fiscales en las que se investiga a 824 personas por los presuntos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, homicidio, lesiones y otros en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos, también en el marco de las protestas. (Fuente: Andina)