Chimbote en Línea.- La congresista por Áncash, María Elena Foronda Farro contrató los servicios de una sentenciada por terrorismo para laborar como asistente de su despacho en el Congreso de la República.

Se trata de Nancy Esperanza Madrid Bonilla, quien fue condenada a 18 años de cárcel por integrar el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y cuyo papel era administrar una de aquellas denominadas ‘Casas del Pueblo’ en donde se mantenían secuestradas a las personas, en su mayoría empresarios, por esta organización criminal.

Esto fue evidenciado en el programa “Panorama” que se transmite a través del canal 5, donde se dio a conocer que Nancy Madrid empezó a laborar en el parlamento el 27 de julio del 2016, en el despacho de la parlamentaria.

Fue 10 mil soles el monto que tenía que pagar Madrid Bonilla como reparación civil al Estado. Sin embargo al no haber cumplido, en el 2016 le embargaron sus bienes y se le cobró el íntegro de la reparación adeudada. Pero eso no fue todo, tenía una deuda pendiente por los intereses que se había generado por los años impagos.

También se supo que la ex emerretista no concluyó sus estudios generales de Letras en la Universidad La Católica, aunque tiene conocimientos básicos de computación, internet y base de datos. Además, es esposa de otro sentenciado por terrorismo quien, si bien cumplió sus 18 años de cárcel, pero no pagó la reparación civil.

Al ser abordada por la periodista Karina Novoa, Foronda Farro, evitó responder las preguntas al considerar que no era la manera correcta de ser abordada para una entrevista.

COMUNICADO

A través de su página web, la parlamentaria emitió un comunicado señalando que su posición de condena contra el terrorismo siempre fue clara y frontal, además que siempre lo manifestó en sesiones del Pleno del Congreso, eventos públicos y en entrevistas periodísticas. “Cualquier insinuación en sentido contrario, es simplemente faltar a la verdad”, señala.

Dijo que la contratación de la mencionada asistente ha significado un lamentable desacierto al confiar sólo en la evaluación formal por parte del Congreso de la República. “Por esta razón, en la fecha, se ha procedido a terminar el vínculo laboral con la citada trabajadora”, se lee.

Precisa además que el programa periodístico se equivoca cuando afirma que votó en contra de la ley que impide a los condenados por terrorismo laborar en el sector público, cuando en el cuadro de votaciones figura como ausente.

“¿Cómo pude votar en contra si no estuve en esa sesión?”, se preguntó. Indicó que ese día y a esa hora participó de una reunión en la PCM con el premier César Villanueva y más de 50 pescadores, por la derogatoria de los decretos supremos que concesionan nuestro mar para la explotación petrolera.

Agregó que existiría hay una campaña para debilitar la fiscalización en los casos de Tumán, Chaparrí, Callao, entre otros, así como el apoyo a los pescadores y comunidades afectadas por la actividad minera, entre otros.

(Redacción Central)