Chimbote en Línea. - Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un proyecto de ley que establece penas con cárcel efectiva para los servidores o trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que incurran en actos de corrupción, con penas que van desde seis a trece años.

 

La iniciativa, de autoría de la congresista Norma Yarrow, propone modificar los artículos 395-A y 395-B del Código Penal, y la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario.

 

“Este proyecto principalmente tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario, como una forma de hacerle frente a este flagelo que padece nuestra sociedad en su conjunto”, señaló la parlamentaria. 

 

La representante de Avanza País dijo que de esta manera, “la sociedad en general tendría un beneficio en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ya que se optimiza la obligación de plantear estrategias de prevención y buenas prácticas en materia de corrupción penitenciaria y condiciones carcelarias”.

 

En ese sentido, Yarrow Lumbreras agregó que el dictamen propone la aprobación de un Código de Conducta del Servidor Penitenciario. “Esto con la finalidad de sancionar conductas indebidas, entre ellas las vinculadas con actos de corrupción, fortaleciendo de esta manera una cultura de integridad en la institución”, comentó.

 

Para el efecto, “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la ley, aprueba el Código de Conducta del Servidor Penitenciario, y realiza las acciones de capacitación y difusión correspondiente”.

 

Otro de los propósitos del proyecto es reducir el hacinamiento por lo que plantea se declare de interés nacional el uso de grilletes electrónicos “como medio alternativo a la privación de la libertad”. “Es necesario fortalecer el ordenamiento jurídico para erradicar los actos de corrupción en el sistema penitenciario y reducir el hacinamiento”, concluyó. (Fuente: Andina)