Chimbote en Línea (Política).- La vicepresidenta y congresista de Gana Perú, Marisol Espinoza, consideró fundamental la aprobación de una reforma universitaria a fin de mejorar la calidad de la enseñanza superior en el país.

"Es fundamental que se dé esta reforma, porque necesitamos mejorar la calidad de las universidades, sobre todo, garantizar que nuestros estudiantes no sean estafados con títulos a nombre de la nación inservibles", expresó.
Indicó que el dictamen elaborado por la Comisión de Educación del Congreso sobre una nueva Ley Universitaria continúa recibiendo aportes y sugerencias, con el propósito de perfeccionar la propuesta que será discutida en su momento por el Pleno del Congreso.

Consideró que ese texto debe ser debatido ampliamente e indicó que la reforma debe darse en aras de asegurar universidades debidamente acreditadas.

El dictamen de la nueva ley universitaria contempla, entre otros puntos, la acreditación obligatoria de las universidades para poder entregar títulos a nombre de la Nación, la eliminación del bachillerato automático, así como medidas de transparencia en la ejecución presupuestal de las universidades.

Asimismo, incluye la creación de una superintendencia que garantice la calidad educativa.
Espinoza sostuvo que la creación de la Superintendencia merece un amplio análisis y pidió a los sectores comprometidos en la materia tener confianza en que el Congreso aprobará una iniciativa acorde a las necesidades del país.

“Lo importante es garantizar universidades acreditadas, que quien reciba el título a nombre de la nación tenga la capacidad necesaria para trabajar en el país o en el extranjero”, anotó.

La creación de esta instancia es cuestionada por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que considera que ese ente, que asumirá parte de sus funciones, implicará un intervencionismo del Estado que afectaría la autonomía universitaria.

Sin embargo, la creación de una superintendencia fue recomendada en una sentencia por el Tribunal Constitucional y en un informe de control por la Contraloría General de la República, ante un evidente deterioro de la calidad de la enseñanza en las casas superiores de estudios. (Fuente: Andina)