Chimbote en Línea.- La procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, fue denunciada ante el Ministerio Público por el presunto delito de corrupción de funcionarios.

De acuerdo a la documentación, a la que tuvo acceso Correo, la denuncia fue presentado el pasado 1 de junio ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios contra Caruajulca Quispe y otros tres funcionarios de esta entidad.

La denuncia ingresó el último 27 de junio a la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Anticorrupción y se encuentra en etapa de calificación. Es decir, el paso previo a si la fiscalía decida abrir o no una investigación preliminar a la denunciada María Aurora Caruajulca.

El proceso administrativo en contra de Caruajulca debió verse en la Oficina de Control Funcional de la Procuraduría, tras la entrada en vigencia del decreto legislativo 1326, que reestructuró el sistema administrativo de Defensa Jurídica del Estado y creó la Procuraduría General del Estado como ente rector. Anteriormente, los procesos administrativos eran investigados en el Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que dependía del Minjus.

En la denuncia penal que se presentó contra la procuradora general del Estado, se señala que ella designó a funcionarios de confianza en la Oficina de Control Funcional, entre ellos a Marco Zamata Quiñonez como jefe de Instrucción de dicha oficina, la instancia que decide si se archiva una denuncia contra un procurador o se le imputa la comisión de una infracción por los hechos denunciados.

Entre los otros funcionarios, fueron designados por la titular de la PGE: Julio Alain Talledo como director de la Oficina de Control Funcional; Ronny Rojas, como jefe de la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización; Marco Zamata, como jefe de la Unidad de Instrucción; y Fredy Jimenez Peralta, como la Unidad de Sanción de la Oficina de Control Funcional.

“Además de los señalados, el resto de los funcionarios de la Oficina de Control Funcional dependen directamente de la procuradora general, quien decide a su propio criterio si permanecen en sus puestos o son removidos para colocar otros”, se lee en la denuncia, que califica como ilegal que estos funcionarios “hayan controlado e incluso presuntamente archivado la denuncia contra la señora Caruajulca, sin abstenerse siquiera, e incluso con rapidez sospechosa, inmediatamente después de haberse trasmitido el reportaje de la periodista Mavila Huertas en el canal 5″.

La denuncia penal señala que existe “una alta probabilidad” de que el caso contra Caruajulca por su presunta inacción cuando fue procudarora de San Juan de Lurigancho se haya archivado antes de su designación como titular de la Procuraduría General del Estado, “porque entre los requisitos para ser Procurador General del Estado señalados en el art. 15 del DL 1326, están los de no tener procesos pendientes con el Estado, salvo procesos por derecho propio y gozar de idoneidad profesional y experiencia en gestión pública o políticas públicas”.

Por ello, el denunciante también pide al Ministerio Público indagar si el caso finalmente se archivó y en qué fecha.

Consultado sobre el tema, el abogado penalista Andy Carrión explicó que la denuncia penal deberá ser calificada por la Fiscalía a fin de determinar si hay elementos para abrir investigación penal. “Usualmente, el estándar de pruebas que se requiere para abrir una investigación es mínimo para abrir una investigación preliminar. Se espera que la Fiscalía tome una decisión al respecto en los próximos días”, comentó Carrión para esta publicación.

Recalcó que la procuradora general del Estado no tiene ningún tipo de inmunidad que le impida ser investigada por una fiscalía provincial.

La procuradora Caruajulca ha descartado, en comunicado de prensa, tener ninguna denuncia en su contra, ni procesos administrativos disciplinarios ante el Órgano de Control Funcional de la PGE.(Fuente Correo)