Chimbote en Línea. -  Seis meses han transcurrido desde la tarde del 15 de diciembre, cuando personal uniformado del Ejército peruano empezó a disparar directamente al cuerpo de los manifestantes, en los exteriores del aeropuerto de Ayacucho, ocasionando la muerte de 10 personas. En contraste con la amplia documentación visual, testimonial y escrita aportada desde la comunidad internacional y el periodismo, el Ministerio Público no ha evidenciado mayor interés en el esclarecimiento de los hechos, según denuncian los familiares de las víctimas.

La conformación del llamado equipo especial del Ministerio Público, para concentrar en Lima los casos de los hechos suscitados principalmente en las regiones del sur, ha generado mayor preocupación.

Jhovana Mendoza, hermana del fallecido Jhon Mendoza (34 años), cuestionó que parte de las preguntas formuladas por la Fiscalía en Lima a los familiares tenga una tendencia orientada a pretender responsabilizar de los hechos a las mismas víctimas.

“A mí me preguntaron ‘¿tu hermano pertenecía a un grupo terrorista?’; ‘¿tu hermano sabía utilizar armamentos?’; ‘¿tu hermano tenía armamentos?’; ‘¿tú sabías si tu hermano llevó armamentos?’. El fiscal prácticamente está b

Jhovana Mendoza subrayó que hay videos que muestran a su hermano portando una botella de agua mineral y siendo golpeado por militares en inmediaciones de la avenida Sao Paulo, a las afueras del aeropuerto. Es por ello que cuestionó la lentitud fiscal en ahondar las indagaciones en relación con los verdaderos responsables de los crímenes.

Similar es el malestar de Reider Rojas, padre de Clemer Rojas García (22 años). “Me han preguntado si mi hijo portaba armas; si pertenecía a un grupo político. El abogado de (Alberto) Otárola me preguntó quién me financia para viajar a Lima, prácticamente como una forma de discriminación”, deploró.

Reider Rojas remarcó que en su manifestación ha sido claro en señalar a los militares como los autores de los crímenes y lamentó que no haya ningún detenido hasta el momento.

Edith Aguilar, madre de Luis Aguilar (20 años), también advirtió un interrogatorio tendencioso del Ministerio Público. A ella le preguntaron si su hijo pertenecía a una barra brava. Luis había ido a trabajar y vivía cerca del aeropuerto. Su pecado fue asomarse por una esquina, mientras regresaba a su casa, y fue alcanzado por una bala.

Hilaria Aime Gutiérrez, madre de Christopher, el menor de 15 años que había acudido a trabajar al cementerio y fue alcanzado por un disparo, también criticó la lentitud del trabajo fiscal. Ella recién declarará el 27 de junio en Lima.

Desidia fiscal

Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió una serie de deficiencias en el desempeño del fiscal Marco Huamán, quien conduce las investigaciones.

Una de ellas es la falta de determinación para actuar en relación con el Comando Conjunto. Según detalló, desde esta instancia castrense, hay una negativa para entregar los planes operativos. El pretexto es que se trata de documentación reservada, a pesar de que existe una resolución del Tribunal de Transparencia que ordena la entrega de la información al periodista Ernesto Cabral.

“En lugar de hacer cumplir esa resolución, el fiscal (Marco Huamán) remitió una consulta a la Presidencia del Consejo de Ministros, es decir, al investigado, sobre si esa documentación es reservada”, expresó Rivera.

Desde su punto de vista, habría la intencionalidad de trasladar la responsabilidad hacia los responsables militares de las regiones. Sin embargo, lo manifestado por Gómez de la Torre es importante porque luego de tomar conocimiento de los hechos tampoco hizo nada. El 16 de diciembre se produjeron más disparos y hubo heridos.

Otro dato relevante es que Gómez de la Torre quiso negar reuniones en la quincena de diciembre con Dina Boluarte, pero con la intervención de la Procuraduría tuvo que reconocer estos hechos.

Esto es lo poco que se ha avanzado, luego de la creación del equipo especial, por decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Seis meses, ningún resultado visible.

Cinco bancadas obstruyen nueva comisión

Dos meses y medio han transcurrido desde el 3 de marzo, cuando el Congreso aprobó a regañadientes el acuerdo para la creación de una comisión encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos durante las protestas. Hasta el momento, este grupo de trabajo simplemente no funciona.

El principal motivo es que cinco bancadas no acreditan a sus representantes, razón por la cual no se puede tener el mínimo de seis integrantes en la comisión.

Las bancadas que no acreditan a sus representantes y obstruyen el inicio de la investigación son Fuerza Popular y sus satélites de Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso.

El Bloque Magisterial presentó a Germán Tacuri, pero este legislador no puede formar parte del grupo de trabajo por ser autor de una de las mociones presentadas para la creación de la comisión.

Retraso en los actos de investigación

Enfoque. Yuri Martínez, abogada de familiares

Hay una investigación fiscal iniciada en Lima contra la presidenta Dina Boluarte, pero hasta el momento no vemos un ánimo serio de realizar las diligencias a profundidad para conocer todo lo que realmente ocurrió el 15 de diciembre.

La presidenta declaró recién el 6 de junio porque la misma Fiscalía generó un retraso desde marzo, cuando impidió la participación de la Procuraduría y la defensa de los abogados. En esta última diligencia, tampoco nos permitieron profundizar en las preguntas.

El traslado de la investigación a Lima y la creación de un equipo especial en la Fiscalía tampoco ha sido una decisión pertinente. Si el objetivo era dar celeridad a las investigaciones, a la fecha, no vemos avances significativos. Tampoco hay avance en la obtención de documentos, como los planes de operaciones, y hay retraso en la toma de declaraciones de los demás denunciados. Todo esto suscita preocupación, en relación con un trabajo que debería ser prolijo en la institución del Ministerio Público.

Amenaza

El discurso. Dina Boluarte se refirió ayer a los anuncios de nuevas protestas sociales y la “tercera toma de Lima”. “¡Cuántas muertes más quieren!”, manifestó, en lo que puede ser interpretado como una amenaza encubierta. Al Gobierno se le atribuye al menos 49 crímenes.

El general Manuel Gómez de la Torre recién declaró el martes y dijo que se enteró de las muertes por los medios. (Fuente: La República)