(Perú en Línea) – “La proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales del 2018 exige el máximo esfuerzo para lograr el consenso que nos permita afrontar dichas elecciones en mejores condiciones y avanzar hacia una democracia sin corrupción”, sostiene Transparencia en un reciente pronunciamiento a propósito de que el Congreso de la República incorpore en su agenda el tema de la reforma electoral.

Como se conoce, el pasado 16 de mayo, el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presentó su informe final en la que se incorporaron significativos avances en materia de reforma del sistema electoral en nuestro país; y que abrirá paso a un debate al interior del Poder Legislativo y posterior aprobación.

Para Transparencia, son especialmente importantes las medidas incluidas en el citado Informe orientadas a impedir que personas condenadas, e incluso procesadas con prisión preventiva por graves delitos, postulen como candidatos a cargos de elección popular.

También se destaca las propuestas referidas a dotar de mayor transparencia al financiamiento de las campañas electorales, tales como la prohibición de aportes anónimos o la bancarización de todo aporte superior a 1 UIT, entre otras, considerando sanciones políticas a las organizaciones que infrinjan dichas normas.

“Destacamos también la adopción de medidas que favorecen la participación política de las mujeres mediante la paridad y alternancia de género en la elaboración de las listas electorales”, afirma el pronunciamiento, en el que además se exhorta a subsanar algunos vacíos del Informe como el de garantizar la colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y los organismos electorales para detectar oportunamente movimientos sospechosos de dinero mediante el acceso al secreto bancario, bursátil y tributario de los candidatos.

Transparencia también insiste en la necesidad de establecer la realización de elecciones primarias simultáneas conducidas por los tres organismos del sistema electoral. “Llamamos la atención sobre el riesgo que supone establecer barreras extremas -como porcentajes elevados de firmas o de antigüedad en la inscripción- que pudieran limitar la formación de nuevas organizaciones políticas y su participación en los procesos electorales”, sostiene.

Para Transparencia, la principal responsabilidad de la reforma electoral recae en el Congreso de la República, pero advierte a la vez que ésta requiere de la participación activa y dialogante de múltiples actores.