Chimbote en Línea.- Más del 50 % de entidades públicas de los gobiernos local y regional en Áncash no cuentan con planes específicos aprobados y actualizados para la prevención, preparación y respuesta ante situaciones de desastre, orientados a proteger la vida de la población, el patrimonio personal y del Estado.

Así lo evidencia la Contraloría General de la República como resultado del Operativo Nacional de Control “Gestión del Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023”.

El control gubernamental se realizó a una muestra de 30 entidades públicas con el mismo número de intervenciones (visitas de control) entre el 1 de junio y 11 de agosto. Del total de instituciones supervisadas, 20 pertenecen a los gobiernos provinciales y siete a los gobiernos distritales, así como, uno a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, uno a Seda Chimbote y uno al Gobierno Regional de Áncash.

Uno de los principales resultados del operativo es que el 53 % (16) de instituciones no cuentan con el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (PPRRD) relacionado a operaciones planificadas y articuladas para evitar la generación de nuevos riesgos y reducir las vulnerabilidades existentes.

Cabe precisar que Áncash es una región expuesta a riesgos de desastres naturales como los ocurridos con el Ciclón Yaku, el Fenómeno El Niño Costero, friajes, entre otros. Por ello, a través de la Ley N° 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y desarrollar la preparación ante situaciones de desastre.

El Operativo Nacional de Control “Gestión del Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023” también reveló que en Áncash, 29 entidades públicas supervisadas (97%) no cuentan con el Plan de Preparación (PP) para la respuesta y rehabilitación, debidamente aprobado y actualizado.

Un igual número de instituciones carecen de Planes de Educación Comunitaria que permite articular acciones para preparar a la población ante una situación de desastre y atender eficazmente las consecuencias de una emergencia.

Asimismo, se identificó que ninguna de las entidades públicas supervisadas cuenta con el Plan de Operaciones de Emergencia (POE), que permita dar respuesta ante situaciones de peligro inminente y evaluar el impacto de desastre suscitado. Entren tanto, 28 (93 %) instituciones carecen de Planes de Rehabilitación. (Redacción central)