Aparte de reconocer públicamente el daño infringido por la desatención al Estado a los derechos fundamentales de las víctimas, el Gobierno procederá, a la restitución de sus derechos y a la reparación material y moral por los daños sufridos, en este caso a sus familiares directos.
En ese sentido, la Presidencia del Consejo de Ministros cubrió parte de los gastos que demandó el entierro de las víctimas.
Asimismo, acompañó el itinerario programado para honrar y dar sepultura a los restos, con el propósito de fortalecer un sentimiento de solidaridad social hacia las víctimas y abrir el camino para que sucesos de esta magnitud no vuelvan a ocurrir.
El pasado viernes 11, el Ministerio Público hizo entrega de los restos de los nueve campesinos del Santa, a sus respectivos familiares después de haber sido ubicados en la zona de Huaca Corral, en la provincia de Virú, La Libertad.