Chimbote en Línea (Congresistas).- En julio pasado, a pedido del estudio del ex fiscal Mateo Castañeda, retiraron al fiscal del caso y recién el 15 de marzo se designó a un sucesor estable. En junio próximo, todo puede archivarse porque aún no se realiza peritaje contable.

Desde hace unos nueve meses la Fiscalía tiene paralizada la investigación a la congresista María López Córdova, por enriquecimiento ilícito.

Esta demora, se dice en medios judiciales, obedecería al temor e indecisión que genera en algunos fiscales el abogado de López Córdova, el ex fiscal superior y candidato a fiscal supremo Mateo Castañeda Segovia.

Sin embargo, el proceso judicial empezó a dilatarse en julio del 2012, cuando el fiscal Walter Delgado decidió ampliar el periodo de investigación a López Córdova y dispuso que se levante su secreto bancario.

La Fiscalía de la Nación había investigado a López Córdova y su esposo, Erlis del Castillo Cañaris, por el periodo de 1996 al 2001, y encontró un desbalance de 12,8 millones de soles.

Delgado, por su parte, buscó ampliar la investigación a los años posteriores al 2001.

Entonces, la abogada y hoy fiscal antidrogas Fabiola Tapia, en representación del estudio Castañeda Menacho, pidió al fiscal superior Oscar Zevallos que aparte a Delgado del caso, y así se hizo. Pero Delgado no se quedó conforme con la justificación que le dieron para su salida del caso: no haber entregado información para que se realice un peritaje contable y apeló a la Fiscalía Suprema.

PERITAJE CONTABLE

Mientras tanto, el caso quedó en manos del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, quien en una de sus primeras medidas, en septiembre, solicitó a la juez Liliana Hayakawa que archive la investigación a López Córdova.

Pérez adujo que al no haberse realizado el peritaje contable no había pruebas para demostrar el desbalance patrimonial denunciado por el fiscal de la Nación.

El peritaje que realizó el fiscal de la Nación se hizo con las reglas del antiguo Código Procesal Penal, y López Córdova es procesada con el nuevo Código, por lo que se debe actualizar dicho documento.

Pero ante la protesta de la Procuraduría Anticorrupción, en diciembre último, el fiscal Pérez retiró su solicitud de archivo y la jueza Hayakawa le otorgó un plazo de seis meses, para que se realice el peritaje que falta.

Sin embargo, la decisión de la jueza Hayakawa coincidió con una resolución del fiscal supremo Gonzalo Chavarry, que dejó sin efecto la salida del fiscal provicial Walter Delgado, y el caso volvió a paralizarse.

José Pérez ignoró la orden de devolver el caso a Delgado y envió el expediente al fiscal provincial Hamilton Castro. Este nuevo fiscal aceptó el encargo, pero tuvo que consultar con sus superiores, pues eso no era lo resuelto por Chavarry ni lo que correspondía con el procedimiento.

Efectivamente, el fiscal superior coordinador Oscar Miranda concluyó que, para este momento, de acuerdo con el procedimiento y lo resuelto por el fiscal supremo, el competente para continuar con la investigación era Pérez.

INDECISIONES

No obstante, Pérez volvió a estar en desacuerdo y envió el expediente al fiscal superior Tony García, quien por ser amigo de Mateo Castañeda se inhibió y no resolvió nada. El expediente regresó con Chavarry, para un tema que debía resolver un fiscal superior.

Por eso la decisión pasó a manos de la fiscal superior Flor de María Vega, pero ella también dudó. Vega envió el expediente a la Junta de Fiscales Supremos, instancia que el devolvió el caso y la conminó a resolver de inmediato.

El 15 de marzo, la investigación llegó a manos del fiscal Hamilton Castro, quien ahora sí, con todo el respaldo legal que no invalide su trabajo posteriormente, se abocó a la investigaciones de inmediato.

Sin embargo, queda poco tiempo, y si hasta junio no ratifica el peritaje contable, la defensa de López puede lograr que el caso se archive porque no habría cómo probar el desbalance descubierto por la Fiscalía de la Nación. (Por: César Romero - larepublica.pe)