Chimbote en Línea (Anticorrupción).-La orden de detención preventiva contra el presidente regional de Áncash, César Álvarez, dictada por el Poder Judicial es perfectamente legal y se da en resguardo del debido proceso, aseveró hoy el procurador anticorrupción, Christian Salas.

Descartó que se trate de una medida arbitraria contra la autoridad regional e indicó que si el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la detención de Álvarez y de otras 29 personas de su entorno fue porque encontró indicios suficientes de irregularidad funcional.   

“El juez evaluó si hay indicios,  pruebas y procedió a ordenar la detención, eso es perfectamente legal porque la ley  busca evitar que los sospechosos, si hay riesgo de fuga, puedan escapar y evadir el sentido de la justicia. Ese es el sentido de toda medida de prisión”, manifestó.

Salas negó que Álvarez sea un perseguido político o que las investigaciones que impulsa la procuraduría anticorrupción y que realiza el Ministerio Público tengan un sesgo.

Ratificó la independencia y la seriedad de su trabajo, tras señalar que “es claro  que existen elementos objetivos que justifican perfectamente las investigaciones y procesos judiciales” contra la autoridad regional.

El procurador Salas expresó su preocupación por los recursos presentados por varios implicados en los presuntos malos manejos del gobierno regional de Áncash con la finalidad a obstaculizar las investigaciones en casos vinculados a corrupción.

Comentó que el  hecho de plantear hábeas corpus,  acciones amparo, impugnaciones a casi todos los actos interpuestos por la fiscalía “preocupan”, no obstante, dijo que la fiscalía está avanzando “y esperamos tener en breve resultados”, añadió.

Informó que la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado la incorporación de nuevos hechos y delitos en las investigaciones por casos que no están relacionados con las detenciones dictadas por el Poder Judicial.

Precisó que las capturas de ayer guardan relación con las investigaciones relacionadas a crimen organizado más no a delitos de corrupción. (Fuente: Andina)