Chimbote en Línea (Nacionales).- La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N°116, el cual da cuenta –entre otros aspectos- que durante el mes de octubre se han identificado un total de 220 conflictos sociales a nivel nacional -tres menos que el reporte anterior- siendo 173 de ellos activos y 47 en estado latente. Cabe indicar, que Áncash (30), Apurímac (23) y Puno (16), son las regiones que concentran la mayor cantidad de conflictos sociales.

Asimismo, durante el período en mención, se registraron siete nuevos conflictos sociales, dos de ellos ubicados en la región Ayacucho y los otros cinco situados en las regiones de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Loreto y Puno.

Los conflictos socio - ambientales siguen siendo los más numerosos con 145 casos, siendo la minería la actividad más vinculada a la conflictividad, con el 49% del total de casos registrados. La Defensoría del Pueblo muestra su preocupación porque la problemática entorno a los conflictos relacionados a la minería informal persiste. Frente a ello, la institución insiste en la necesidad de una actuación articulada para la formalización de este sector y la interdicción de la minería ilegal.

Igualmente, lamenta que durante el mes de octubre se han registrado 3 víctimas mortales (civiles) y 84 heridos, entre civiles y policías, en situaciones de conflictos sociales. “Estos extremos de violencia son inaceptables en el marco de un Estado de derecho”, expresó Rolando Luque Mogrovejo, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales.

Respecto a los conflictos nuevos, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad informa que se ha registrado un conflicto comunal en la región Huancavelica, donde comuneros de Santo Domingo de Capillas y Santa Rosa de Tambo se enfrentaron por un litigio de tierras en el sector de Navapampa, en la provincia de Huaytará.

También, se presentó un conflicto de asunto de gobierno local en Juliaca-Puno, en donde un sector de pobladores de dicha ciudad realizó una paralización de 72 horas en rechazo a la gestión del actual alcalde provincial por los elevados cobros de impuestos, servicios y multas, así como por el retraso en la ejecución de obras.

Además, se registró un conflicto por asuntos de gobierno nacional en la región Loreto, donde pobladores y organizaciones sociales de Yurimaguas reclaman a entidades del poder Ejecutivo el funcionamiento de la Universidad Autónoma del Alto Amazonas, la construcción de un hospital y la habilitación de trochas, pedidos que son parte de acuerdos asumidos en acta suscrita el 4 de mayo de 2013.
El presente Reporte también brinda información sobre cuatro conflictos socio-ambientales, el primero surge en el anexo de Relave, distrito de Pullo, provincia de Parinacochas-Ayacucho, donde mineros informales demandan ocupar el área concesionada a favor de la empresa minera Beta Luz del Sur S.A.C., en el marco del proceso de formalización de estos.

El segundo caso también acontece en la misma región  que involucra a la comunidad de Santa Rosa, perteneciente al distrito de Sancos, en la provincia de Lucanas, quienes demandan la intervención de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA) para que paralicen todas las actividades de extracción de mineral, a fin de evitar posibles enfrentamientos con los trabajadores mineros de la empresa SOTRAMI.

El tercer caso se desarrolla en la región Cusco, donde la comunidad de Urinsaya, en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar, se opone y rechaza la actividades realizadas en torno a la construcción de la carretera y la instalación de un  mineroducto  entre los proyectos Las Bambas y Tintaya - Antapacay, el cual generaría impactos ambientales que repercutirían socialmente.

Finalmente, el conflicto socio–ambiental de Tía María, donde agricultores, pobladores y autoridades locales de la provincia de Islay se oponen al proyecto minero Tía María de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) por posibles daños ambientales. Es preciso señalar que este conflicto se registró en agosto de 2009 hasta abril de 2011 concluyendo con la emisión  de la Resolución Directoral N° 105-2011 –MEM-AAM del Ministerio de Energía y Minas que declara inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María presentado por la empresa minera SPCC.

El Reporte de Conflictos Sociales N° 116 da cuenta que en octubre se resolvieron cuatro conflictos; tres socio-ambientales y uno clasificado como “otros asuntos”. El primero, de carácter socio-ambiental se resolvió en el distrito de Trompeteros, provincia de Loreto que se ubica en la región del mismo nombre, donde la comunidad nativa de Pucacuro ha suscrito un acta de conformidad con la empresa Pluspetrol Norte S.A. tras haber recibido una transferencia del monto compensatorio acordado. Actualmente, ambas partes mantienen buenas relaciones y los problemas suscitados anteriormente han sido superados.

El segundo conflicto resuelto corresponde al pedido del cese de actividades mineras de la empresa S.M.R.L. La Chira en el distrito de Marcabal, provincia de Sánchez Carrión-La Libertad. Actualmente, la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad ha verificado que la S.M.R.L. La Chira ha cumplido con la Resolución Gerencial N° 254-2013-GRLL-GG/GREMH, mediante la cual se canceló su declaración de compromiso.

El tercer conflicto socio-ambiental resuelto se ubicó en el centro Poblado de San Juan de Milpo, distrito San Francisco de Asís de Yarusyacán-Pasco, donde pobladores de esta comunidad demandan a la Cía. Minera Milpo S.A.A. – Unidad Minera El Porvenir, la atención de la problemática sobre el uso de territorio para el desarrollo de las actividades mineras que realiza en la zona. En la actualidad, ambas partes llegaron a un acuerdo en el que la empresa se compromete a otorgar una compensación en calidad de posesionarios a la Comunidad Campesina San Juan de Yarusyacán, este conflicto se resolvió con la participación activa de la Defensoría del Pueblo y la Oficina Defensorial de Pasco.

También se resolvió un conflicto entre universitarios del Cusco y transportistas quienes reclamaron por el incremento de los precios en las tarifas del transporte urbano en la ciudad. El conflicto se resolvió por la decisión de la  Municipalidad Provincial de Cusco de iniciar un nuevo proceso de licitación de rutas, el cual ha sido aceptado, no existiendo cuestionamiento al precio de las tarifas actualmente. (Fuente www.defensoria.gob.pe)