Chimbotenlinea.com (Informe Especial- Diario La República).-El fiscal supremo Carlos Ramos Heredia está a punto de convertirse en Fiscal de la Nación en virtud de un sistema que permite a grupos de interés manejar las riendas de la elección de tan alto cargo. En esta nota se desarrolla la idea de que no es por sus méritos. Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley.

El engranaje de la elección comienza en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), responsable de nombrar autoridades en el Ministerio Público, el Poder Judicial, la ONPE y el Reniec. Lo integran siete delegados de distintas corporaciones públicas y gremiales. Cada uno es cortejado por grupos de la magistratura, por el gobierno, por partidos –especialmente el Apra−, y algunas veces son captados, si es que no venían con camiseta desde antes. El CNM ha afrontado duros cuestionamientos por falta de transparencia y abuso, pero ha salido adelante, reformándose en parte. Ahora afronta una crisis de credibilidad.

El CNM nombra por concurso a los seis fiscales supremos que eligen cada tres años al Fiscal de la Nación. Cualquiera que hable con representantes del Ministerio Público puede comprobar que la objetividad del CNM en estos procesos está seriamente cuestionada. La percepción es que, en el período previo a la elección del Fiscal de la Nación, el CNM reemplaza vacantes en  la junta electora en función de la correlación necesaria para nombrar a quien responda al pacto mudo al que han llegado los consejeros. Así fue elegido José Antonio Peláez, cuyo mandato vence en abril próximo.

PRIMER CAMBIAZO
En 2011, la votación en la junta de fiscales supremos se dio entre los antiguos José Antonio Peláez, Gladys Echaíz, Pablo Sánchez, y los recientemente nombrados por el CNM Carlos Ramos y Pedro Chávarry. Estos últimos, los nuevos, hicieron Fiscal de la Nación a Peláez. Echaíz votó por Pablo Sánchez. Hay suficientes evidencias para sostener que el CNM, por entonces presidido por Edmundo Peláez Bardales,  hermano de quien sería elegido, actuó sesgadamente para que los fiscales nombrados fueran precisamente Ramos y Chávarry.

En enero del 2011, entre siete candidatos para ocupar tres plazas a Fiscal Supremo, Ramos y Chávarry quedaron en el cuarto y sexto puesto en el examen escrito. Ramos, a punto de quedar fuera, fue resucitado por el CNM, quien le otorgó luego los mejores puntajes en evaluación curricular y entrevista personal. Con lo cual quedó segundo en el cuadro final de calificaciones. Chávarry terminó quinto.

El CNM, que necesita cinco de siete votos de los comisionados para llegar a un acuerdo, solo logró mayoría calificada para nombrar fiscales supremos a dos: a Ramos y a Chávarry. Dejó afuera a Cesar Hinostroza, el primer lugar; a Mateo Castañeda, el tercero; y a Pedro Angulo, el cuarto. ¿Por qué?

La respuesta es que los votos seguros para Peláez eran los de Ramos y Chávarry. Para nombrarlos, el CNM descartó a Hinostroza por “cuestionamientos públicos” dados a conocer en los últimos días; a Castañeda por “diversos cuestionamientos”; y a Angulo por causas desconocidas (ver detalles en El Informante del 19.11.2013).

Sin entrar a discutir aquí las objeciones, el CNM pudo haberlas sustentado adecuadamente a fin de ejercer la capacidad discrecional que le otorga la ley para saltarse el orden de calificaciones. No lo hizo. Y porque no fundamentó la inhabilitación de Hinostroza y Castañeda, el Tribunal Constitucional consideró que el CNM violó el debido proceso, ordenándole volver a votar según el cuadro de méritos. Esta sentencia fue desacatada.
Pero Carlos Ramos también tenía “cuestionamientos públicos” sin demostrar. Solo que el CNM no los consideró.

UN AUDIO EN ESCENA
El 22 de abril del 2010, familiares de los 29 jóvenes que en 2002 perdieron la vida en el incendio de la discoteca Utopía denunciaron una posible corrupción en el Ministerio Público para bloquear la investigación a uno de los responsables. En ese momento estaba por consumarse una estrategia del dueño de Utopía, Alan Azizollahoff, para ser  excluido del juicio.

En 2006 un hábeas corpus había anulado el proceso en su contra, y en 2008 un fiscal había resuelto no volver a acusarlo. Los familiares revelaron el audio de una conversación telefónica en el que uno de dos  interlocutores –después identificado como Jorge Alfaro, operador del empresario− asegura tener bajo control al fiscal clave. El otro dialogante era el abogado de Azizollahoff Alberto Químper, más tarde implicado en los Petroaudios.

En la conversación Alfaro y Químper expresan el temor de que el abogado de los familiares, César Nakazaki,  presentara una queja contra la resolución fiscal. ¿Quién la resolvería? Carlos Ramos.

JORGE ALFARO: Nos falta un peldaño más.
ALBERTO QUÍMPER: Más bien, vamos a ver quién es el de arriba.
ALFARO: Yo ya sé quién es.
QUÍMPER: ¿Quién es?
ALFARO: Carlos Ramos.
QUÍMPER: ¿Carlos?
ALFARO: Ramos.
QUÍMPER: ¿Ramos qué?
ALFARO: No me acuerdo de su segundo… esto. Pero ya está conversado desde hace un año.
QUÍMPER: Ah, ya, ya… Muy bien.
ALFARO: Y es más, hoy ya lo llamamos también de nuevo. Para que si sale vaya preparando el lapicero.
QUÍMPER: Ahora, si él declara la queja infundada se acabó, ah.
ALFARO: Claro, esa es la idea.

CASO ARCHIVADO
La queja efectivamente fue presentada por Nakazaki y la iba a resolver la Cuarta Fiscalía Superior, a cargo de Ramos. Solo que al mismo tiempo este fue cambiado de cargo y la resolvió a favor de Azizollahoff su sucesora, Sonia Chávez. De modo que Ramos no vio directamente nada de Utopía y el Ministerio Público archivó un proceso disciplinario sobre su conducta. Cuando en enero del 2011 se presentó a su entrevista personal con el CNM estaba libre de polvo y paja.

Pero el CNM pudo haber conjeturado, como en el caso de Hinostroza y  Castañeda, que Ramos tenía un “cuestionamiento público”. Los familiares de las víctimas, por entonces, estaban indignados y lo declaraban abiertamente.

En beneficio de Ramos habría que decir que nada concreto lo incriminaba. No conocía a Químper ni a Alfaro. Y sobre todo no tocó el caso.

−Ramos no tenía que decidir –recuerda ahora Nakazaki− pero pudo ser un operador desde afuera. Este caso debió investigarse más. El Ministerio Público nos bloqueaba por todos los lados.
El Ministerio Público no aceptó que los familiares fueran parte agraviada en la investigación que se abrió a partir de la revelación del audio. Antes, tampoco quiso investigar unos mails que el gerente de Utopía, Percy North, envió a Azizollahoff aludiendo a arreglos bajo la mesa en el Ministerio Público.

En estos mails no se menciona a Ramos. Las peticiones y quejas de los deudos rebotaban continuamente y en una ocasión hubo que recurrir a una notaría para que fueran recibidos. En una entrevista periodística, la entonces Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, llegó a quejarse de tanto reclamo. Recién en 2013 la Corte Suprema anuló todos estos favorecimientos y decidió reabrir el proceso penal contra Azizollahoff, considerando que como integrante del directorio tenía responsabilidad. El caso está de lo más actual porque la sentencia se dicta el lunes 27 de enero.

EL GRAN PACTO
Una vez nombrado Fiscal Supremo, Ramos votó, como ya estaba escrito, por Peláez. A su vez, Peláez tiene un compromiso que deberá cumplir en abril próximo: votar por Ramos para Fiscal de la Nación. Peláez también recibió el voto de Chávarry, pero este tiene una relación de amistad con Peláez que es ampliamente conocida.

El actual Fiscal de la Nación, como se verá más adelante, no se siente comprometido con Chávarry para que lo suceda. En cambio puede descubrirse otra afinidad entre Peláez y Ramos. Ambos tienen especial sensibilidad hacia los asuntos del presidente regional de Áncash, César Álvarez.

Hace un tiempo esa sensibilidad era invisible, hasta que se mostró brutalmente cuando el Fiscal de la Nación cambió a nueve fiscales que de uno u otro modo pretendieron investigar en Chimbote un centro de comunicaciones denominado La Centralita, una locación de Álvarez donde supuestamente se examinaban ilícitas interceptaciones telefónicas.

Ante una denuncia del congresista Modesto Julca, el CNM se vio precisado a pedirle explicaciones a Peláez, y como sus justificaciones fueron insuficientes le abrió un proceso disciplinario en marzo del 2013. El CNM aún no resuelve, y es posible que Peláez culmine su mandato sin que haya resultados. Mientras tanto, los fiscales en Áncash saben que no hay que meterse con el Presidente Regional. Ya no lo han hecho. Julca ha documentado diez casos de fiscales cambiados, sancionados o destituidos por denunciar supuestos actos de corrupción contra Álvarez.
Uno de ellos lo manejó precisamente Carlos Ramos, a la cabeza de la Fiscalía Suprema de Control Interno en la que fue nombrado.

En octubre del 2011 el fiscal provincial provisional de Áncash, José Luis Checa, recibió la información de que una camioneta del gobierno regional llevaba dinero para entregarlo a manifestantes con fines políticos. La comunicó al Fiscal Decano, quien puso al tanto al de turno, que dispuso inspeccionar la camioneta. No encontraron nada. Álvarez, ocupante del vehículo, se quejó ante el Ministerio Público. Desde la Fiscalía Suprema de Control Interno, Ramos suspendió a Checa y encontró irregularidades en trece fiscales. La apelación de Checa llegó a la junta de los supremos. 

En la reunión, Gladys Echaíz pidió conocer el expediente. Ramos se opuso.
−Usted, en este momento, no es nadie –replicó Echaíz−. Hizo la investigación y está impedido de intervenir.

SEGUNDO CAMBIAZO
Echaíz le pidió a Peláez que Ramos se retirara mientras se debatía el punto. Tuvo que hacerlo. Luego de revisar el expediente Echaíz dijo que si se sancionaba a Checa habría que hacerlo con cualquier fiscal probo, cuya misión es actuar ante el conocimiento de algún presunto delito. Pablo Sánchez también opinó por levantar la sanción. Peláez, ni qué decirlo, estaba a favor de mantenerla.

Ya había archivado una denuncia por enriquecimiento ilícito contra César Álvarez, quien declaró mantenerse con solo diez mil quinientos soles y no poseer bienes, ni tarjetas de crédito ni cuentas en bancos privados. Le tocó el turno a Chávarry, quien hasta ese momento era afín a Peláez y Ramos. Se sospechaba que su voto sería para confirmar la suspensión, con lo cual la sanción era un hecho, pues Peláez dirimiría el empate en su calidad de presidente de la junta. Pero sorprendió:
−A mí no me gustaría que me sancionaran por esto –dijo Chávarry.

Y así se salvó Checa momentáneamente. De paso, Chávarry empezó a ver las cosas de otra manera.

Cuando se aproximaba el fin del período de Peláez, la cofradía del CNM se dispuso a llenar la vacante que faltaba en la junta de fiscales supremos con alguien que votara de todos modos por Carlos Ramos. Ese alguien era Zoraida Ávalos. Para entonces, Máximo Herrera había asumido la presidencia del CNM. La junta de fiscales supremos, a iniciativa de Carlos Ramos, propuso a Herrera al CNM como representante del Ministerio Público, y después allí fue elegido presidente. Véase el currículum de Herrera en la página web del CNM para no hacer aquí más comentarios.

La primera alianza Peláez-Ramos-Chávarry lo prefirió a la candidata de Echaíz-Sánchez,  Rocío Villanueva, cuya superior trayectoria también puede verse en la web Departamento de Derecho de la PUCP. Una forma cruda de describir la situación es que Herrera le debe su puesto a Ramos.

Volviendo a Zoraida Ávalos, no fue fácil nombrarla Fiscal Suprema. En 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales.

A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final.

TROIKA EN ACCIÓN
Ahora, ante la renuncia de Echaíz por negarse a ir al JNE, se ha formado una troika, un nuevo poder: Peláez, Ramos, Ávalos. El CNM nombrará un nuevo reemplazante entre Nora Miraval y José Pereira, los dos candidatos que quedaron aptos en el proceso que designó a Ávalos.

Y luego, entre todos, designarán al representante ante el JNE antes de elegir al Fiscal de la Nación. Una votación para suplentes al JNE, la semana pasada, indicó que en primera instancia la troika desea enviar allí a Pablo Sánchez y en segunda instancia a Pedro Chávarry. Ambos podrían impedirlo vía una acción de amparo. Y probablemente con éxito. Esa designación tiene, pues, destino incierto.

Pero lo que parece inminente es el nombramiento de Ramos como Fiscal de la Nación. Hay mayoría suficiente, sobre todo si Pereira es el sexto fiscal supremo. A fin de cuentas, no importa mucho que Carlos Ramos sea primo de Nadine Heredia. Lo preocupante, según opinan fiscales que no pueden confesarlo públicamente, es que tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos.

No hay nada firme que involucre a Ramos con este pulpo, pero son percepciones en el Ministerio Público que es necesario reportar. Sin embargo, algo cabe asegurar: si es nombrado Fiscal de la Nación, el mensaje a los fiscales que combaten la corrupción en Áncash será notable. El fin de año Ramos pidió a la junta de fiscales que destituya al fiscal José Luis Checa.

Vuelve a poner sobre el tapete el pecado de haber inspeccionado una camioneta del Presidente Regional. También propone suspender por la misma causa a Marco de la Cruz, presidente del Ministerio Público del departamento, y multar y amonestar a otros catorce fiscales. El pedido original de estas sanciones es del propio César Álvarez.
Cuando Ramos sea Fiscal de la Nación la mayoría que lo respalda resolverá gustosamente el caso.
 

Investigación de Ricardo Uceda- Diario La República
Foto: larepublica.pe