Chimbote en Línea.- El congresista Edward Málaga presentó una moción para que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acuda al pleno del Congreso a sustentar los “fundamentos, legalidad y pertinencia” del nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

 

En su pedido, Málaga recordó que Santiváñez Antúnez fue censurado por el Parlamento el pasado 21 de marzo, cuando se desempeñaba como ministro del Interior, por lo que calificó como su “incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”.

 

El legislador argumentó que la designación interfiere con la función constitucional de control político del Congreso y, además, “atentaría” contra la administración de justicia, al conceder antejuicio a un funcionario investigado por el Ministerio Público y con una medida de impedimento de salida del país.

 

“Corresponde al Presidente del Consejo de Ministros, en su calidad de responsable político de la coordinación del gabinete: explicar las razones técnicas y políticas para tal designación; exponer los criterios de idoneidad, integridad y solvencia que la sustentan; dar cuenta de las coordinaciones realizadas con la Presidencia de la República y con el MINJUSDH; y explicar cómo esta decisión se corresponde con la reciente voluntad expresa del Congreso al censurar al mismo funcionario por su incapacidad y deficiente desempeño”, señaló Málaga.

 

La moción incluye un pliego de 12 preguntas distribuidas en seis ejes temáticos. Entre ellas, se solicita precisar la fecha, acto y sustento de la designación de Santiváñez, así como los criterios de idoneidad ética, técnica y de experiencia que se aplicaron. También se pide detallar qué precedentes existen de nombramientos similares en los últimos 25 años.

 

Otro de los puntos aborda la situación legal del ministro. Se requiere informar si, al momento de su designación, tenía investigaciones fiscales o medidas judiciales vigentes, y qué protocolos adoptó la Presidencia del Consejo de Ministros para garantizar la continuidad del servicio en caso de diligencias judiciales.

 

Asimismo, se plantean interrogantes sobre la hoja de ruta del Ministerio de Justicia en derechos humanos, política penitenciaria y defensa pública, además de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses de Santiváñez y sus eventuales conflictos de interés. (Fuente: El Correo)