Chimbote en Línea.- La Contraloría General determinó que funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Áncash (GORE) actuaron de manera irregular en la ejecución de las obras de implementación de ambientes para la respuesta y contención del Covid-19 en los hospitales Casma, Huarmey y Recuay (nivel II-1), lo que generó retrasos hasta por 20 meses e impidió la atención oportuna de miles de pacientes infectados.
Se trata de las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) construcción de ambiente complementario, adquisición de bomba de infusión, equipo de rayos x digital y cama clínica rodables y otros activos en los tres establecimientos de salud mencionados cuya inversión total ascendió a S/ 5 893 526.
Para la ejecución del Componente I – Infraestructura de los IOARR, el GORE contrató directamente a tres consorcios, durante agosto y setiembre del 2020, y de la misma manera, a dos consorcios y una empresa para la Supervisión de obra. El plazo de ejecución fue de 45 días calendario, el cual no se cumplió y se extendió hasta posterior a la primera y segunda ola de contagios del Covid 19.
Según revela la Auditoría de Cumplimiento N° 001-2024-2-5332, con la intención de sustentar las demoras en la ejecución contractual, los consorcios contratistas en coordinación con los consorcios supervisores y los funcionarios y servidores del GORE, tramitaron y aprobaron el adicional con deductivo vinculante n.° 1 para cada IOARR a fin de mejoras en algunas partidas (cerco perimétrico, instalaciones sanitarias y eléctricas, cuartos de oxígeno y de residuos sólidos, caseta para grupo electrógeno, piso de porcelanato, etc.).
Las ampliaciones (IOARR Casma) y suspensiones de plazo (IOARR Huarmey y Recuay) fueron tramitados y autorizados pese a que trasgredían el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y no correspondían efectuarse bajo el contexto de emergencia sanitaria. Además, se usó como sustento la demora en la aprobación de los adicionales deductivo vinculante, generada por observaciones que pudieron ser absueltas entre el Residente y el Supervisor.
Así, la culminación de la IOARR Huarmey se retrasó 601 días calendario, hasta el 11 de agosto de 2022. El adicional de obra que aplazó su terminación comprendía trabajos que no se justificaron técnicamente (cambio de piso vinílico por cerámico de alto tránsito y del cerco metálico por muro de material noble), entre otras partidas innecesarias en el contexto del crecimiento exponencial de contagios y fallecidos por Covid 19 en la provincia.
El 31 de agosto del 2021 se culminaron los trabajos en la IOARR Recuay donde la irregular suspensión de la obra se aprobó sin establecer un límite de plazo, hecho que contribuyó a que el contratista culmine la obra en 344 días, cuando debió hacerlo en 45 días.
Se constató que si bien algunos adicionales fueron necesarios (instalaciones sanitarias y redes eléctricas); sin embargo, los cambios del piso vinílico y super board (placas de cemento) no eran prioritarios, considerando la urgencia del uso de los ambientes para atender a los infectados por Covid 19.
Mientras que, a la fecha de la emisión del informe, la infraestructura de la IOARR del Hospital San Ignacio Casma permanece en situación de entregada de manera parcial sin estar liquidada. Durante el desarrollo de la auditoría, se identificó incumplimiento de especificaciones de los planos del expediente técnico en cuanto a las tuberías para bajada de drenaje pluvial, metrados de las correas metálicas de las pendientes de los techos, puerta de ingreso de área de hospitalización y fisuras en las paredes de drywall.
Respecto a este caso, la comisión auditora indica que corresponde al GORE Áncash deducir el monto de S/13 476 de la liquidación de contrato de obra por metrados no ejecutados, así como la aplicación de penalidades por los conceptos de demora en la presentación de cronogramas contractuales y retraso injustificado por un monto ascendente a S/194 044.
Adicionalmente, se determinó que la Subgerencia de Estudios de Inversiones de la entidad de gobierno regional no cuenta con lineamientos internos orientados a la elaboración y aprobación de expedientes técnicos de IOARR en circunstancias de emergencia, situación que podría generar el riesgo que éstas, desde su formulación hasta la aprobación de los expedientes técnicos, no se aprueben de manera oportuna.
El informe de auditoría fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GORE Áncash y corresponde al periodo de evaluación del 10 de septiembre del 2020 al 23 de septiembre del 2022. Fue comunicado al gobernador regional y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para el deslinde de las responsabilidades penales que correspondan contra los cuatro funcionarios comprendidos en las observaciones.
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