Chimbote en Linea.- La Contraloría General de la República identificó que cuatro municipalidades distritales, una municipalidad provincial y una Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) contrataron con proveedores inhabilitados y/o impedidos de trabajar con el Estado. Estas irregularidades afectaron la transparencia y legalidad de las contrataciones, generando un desembolso de S/ 393 127.

A través de seis informes de control específico, se detectó que estas contrataciones indebidas ocurrieron entre 2019 y 2023 en las municipalidades distritales de Independencia, La Merced, Anta y Yupán, así como en la Municipalidad Provincial del Santa y la UGEL de Yungay.

En el caso de la Municipalidad Distrital de Independencia, entre 2019 y 2023, los servidores ediles contrataron a cuatro proveedores que estaban impedidos de ejercer la función pública debido a sanciones disciplinarias y sentencias por delitos dolosos contra la administración pública. Estas contrataciones indebidas representaron un desembolso de S/ 61 200. (Informe de Control Específico n.° 025-2024-2-4603).

En la Municipalidad Distrital de Anta, entre 2019 y 2021, funcionarios contrataron como asesor legal externo a un entonces consejero regional por la provincia de Recuay, quien se encontraba impedido de ejercer dicha función debido al cargo que ocupaba. Pese a ello, se le pagó un total de S/ 40 500. (Informe de Control Específico n.° 053-2024-2-0334).

En la Municipalidad Distrital de La Merced, durante 2021 y 2022, se contrató a un consultor para la elaboración de un perfil técnico y la supervisión de dos obras, a pesar de que tenía vigente una prohibición para contratar con el Estado debido a una sentencia en su contra. (Informe de Control Específico n.° 029-2024-2-0331).

De manera similar, en la Municipalidad Distrital de Yupán, en 2022, se evidenció que una proveedora inhabilitada por el Poder Judicial fue contratada en dos oportunidades. (Informe de Control Específico N.° 048-2024-2-0336).

En la Municipalidad Provincial del Santa, en 2023, se detectó la contratación de proveedores de bienes y servicios que tenían un vínculo de consanguinidad con dos regidoras del periodo 2019-2022. Incluso, una de las exconcejales fue empleada por la entidad, pese a las prohibiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, que impide este tipo de contrataciones hasta 12 meses después de concluido el mandato de la autoridad. (Informe de Control Específico n.° 092-2024-2-0344).

Por último, en la UGEL Yungay, entre agosto y octubre de 2023, se permitió la continuidad laboral de un docente que había sido inhabilitado por el Poder Judicial, cuando correspondía su desvinculación inmediata. (Informe de Control Específico n.° 014-2024-2-4192).

Los informes han sido notificados a los titulares de las entidades involucradas y al Procurador Público de la Contraloría General para las acciones correspondientes. Además, están disponibles para consulta pública a través del Buscador de Informes de Control.