Chimbote en Línea.- La Tercera Fiscalía Especializada en Lavado de Activos dispuso ampliar investigación preliminar contra dos personas naturales y nueve jurídicas del entorno del exalcalde de Nuevo Chimbote, Francisco Gasco Barreto y su ex gerente Rodolfo Barrantes Machaca, hoy prófugos de la justicia, tras ser procesados por colusión.

Para la fiscal, Angélica Bayes Antúnez a cargo del proceso, la investigación preliminar se inició contra la esposa y cuñado del ex alcalde distrital, Karina y Felipe Castillo Cabell, sin embargo se tuvo que incluir a Cecilia Beatriz Cabanillas Cerna y Claudia Stefann Castillo Sevillano, así como a nueve personas jurídicas, quienes habrían servido de fachada para la adquisición de vehículos e inmuebles.

Según el acta fiscal, las nueve personas jurídicas investigadas por Lavado de Activos son: Empresa C&G Construcciones Civiles SAC y Empresa Servicios y Transportes Jonathan EIRL, ambas de propiedad de Francisco Antonio Castillo Cabell; Clínica Gasco EIRL a nombre de Karina Elizabeth Castillo Cabell; Empresa de Transportes Anchoveta de Oro SAC cuyo propietario, Víctor Lorenzo Quispe Vega era proveedor del Municipio de Nuevo Chimbote.

Otro de los proveedores de la pasada gestión investigado es Miguel Castillo Zafra quien tiene a su cargo las empresas Negocios Comerciales del Norte SAC y Empresa Proveedores Comerciales del Perú EIRL, asimismo Cecilia Cabanillas Cerna propietaria de la empresa TEC Operaciones Metálicas EIRL.

Otras de las empresas investigadas son la Inmobiliaria JJ SAC de propiedad de María Luzmila Gallo Jiménez  e Industria Katt EIRL, cuyo representante legal es el prófugo Rodolfo Barrantes Machaca.

La Fiscalía solicitó el levantamiento de sus reportes bancarios, reserva tributaria, reserva bursátil así como un reporte de Registros Públicos sobre los bienes que registran a sus nombres.

Según la tesis de la Fiscalía se habrían recabado documentos que dan cuenta de un posible incremento patrimonial de los familiares y entorno cercano de los investigados Francisco Gasco Barreto y Rodolfo Barrantes como el aumento de capital de personas jurídicas, vehículos adquiridos y usados por los mismos.

Con ello se busca conocer si estas adquisiciones están de acuerdo a los ingresos económicos de estas personas o son operaciones de lavado de activos.

La Fiscalía de Lavado de Activos determinó ampliar la investigación en 8 meses a fin de recoger todo tipo de indicios que amerita la investigación.

(Redacción Central)