Chimbote en Línea.- De 390 funcionarios sentenciados por delitos de corrupción, solo 23 recibieron pena efectiva de cárcel (6%), mientras que a los 367 restantes se les aplicó condenas suspendidas, informó el contralor general, Fuad Khoury, durante la exposición del informe de su gestión respecto al periodo 2009-julio 2014.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Khoury destacó la necesidad de que se impulse el proyecto de ley para que los funcionarios que cometan delitos en la administración pública reciban pena efectiva de cárcel, a fin de disuadir  los actos de corrupción.

Además, reveló que se han  iniciado procesos judiciales a 5.493 funcionarios públicos que estarían involucrados en presuntos delitos contra la  administración pública, que ocasionaron un perjuicio económico al Estado por más de S/. 808 millones.

Control interno

El contralor insistió también en que las oficinas de control interno (OCI) de las entidades públicas dependan de la Contraloría con el fin de garantizar el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.

Actualmente, solo el 8% de estas oficinas dependen directamente de la Contraloría. Más grave aún es que el 78% de entidades de los tres niveles de gobierno no cuentan con ningún órgano de fiscalización interna.

Frente a ello, los miembros de la comisión concordaron en que se transfieran partidas para que la Contraloría asuma directamente la contratación del personal de las oficinas de control interno.

Al término de la sesión, Khoury descartó cualquier tipo de intencionalidad en el informe sobre la Caja Metropolitana de Lima que envió a la Fiscalía. (La Republica)