Chimbote en Línea (Anticorrupción).-En el auditorio central del Ministerio Público, el lunes 12, apenas cabía un alfiler. Carlos Ramos Heredia juraba como nuevo Fiscal de la Nación y prometía combatir el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción. ¿Pero decía toda la verdad?

Un revelador informe elaborado por la Procuraduría Anticorrupción del Ministerio de Justicia, y que fue entregado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa tres días antes de la juramentación, da cuenta de una peligrosa cercanía entre el presidente regional de Áncash, César Álvarez, y Ramos Heredia.

El informe de 52 páginas ha servido para que la Procuraduría Anticorrupción solicite una ampliación de la investigación preparatoria contra Álvarez y otras 28 personas de su entorno por los delitos de asociación ilícita, interceptación telefónica, cohecho pasivo, violencia contra la autoridad y encubrimiento personal en el caso de ‘La Centralita’, un presunto centro de ‘chuponeo’ y espionaje, así como las vinculaciones del Gobierno Regional de Áncash con el sicariato.

Según la hipótesis de la Procuraduría Anticorrupción, Álvarez habría dirigido desde el 2009 en Chimbote una “organización criminal” que funcionó en ‘La Centralita’ y cuya cúpula estaba integrada por el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, el empresario Martín Belaunde, el actual alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas, y su jefe de prensa, Jorge Burgos.

La Comisión de Ética del Congreso le abrió investigación a Benítez y la bancada de Solidaridad Nacional evalúa su separación.
La lista negra de la Procuraduría incluye a jueces, fiscales, periodistas y testaferros.

El punto de partida fue una advertencia que recibió el fiscal provincial César Jiménez por parte del fiscal superior Dante Farro Murillo al término de una reunión ocurrida el 13 de julio del 2012, cuando se alistaba para allanar ‘La Centralita, y en la que estuvieron presentes Álvarez y los congresistas Benítez Rivas y Crisólogo Espejo.

En el informe se lee que “el fiscal superior decano Hugo Dante Farro Murillo le habría dicho al fiscal provincial César Jiménez Rodríguez que tuviera cuidado porque el presidente regional era muy amigo del fiscal supremo Carlos Américo Ramos Heredia (por entonces jefe de la Fiscalía Suprema del Control Interno del Ministerio Público) y que, incluso, el hermano del Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales (Mariano Peláez Bardales, ya fallecido) era su abogado”.

De acuerdo con la Procuraduría Anticorrupción, “todo era un claro acto de intimidación para evitar que Jiménez cumpliera con el legítimo ejercicio de sus funciones” y que la conversación se produjo “de manera irregular y atentando contra el principio de autonomía”.
Al cabo de dos años, Ramos Heredia se declaró a favor de interponer denuncias penales en agravio de los fiscales que intervinieron en el allanamiento y las consecuentes pesquisas por el caso de ‘La Centralita’: César Jiménez, Javier Estrada, Christian Aceijas y Miguel Vilca.

CRIMEN INC.
La finalidad de la organización criminal, según la Procuraduría Anticorrupción, era la de “cometer actos de corrupción a través del cobro de dinero a cambio del otorgamiento de obras del Gobierno Regional a particulares y el destino de parte de fondos públicos para comprar líneas editoriales de medios de comunicación locales, a quienes se adiestraba y suministraba información obtenida por medio de interceptaciones telefónicas a fin de desprestigiar a los opositores de su gestión”.

Orellana habría sido el encargado de recopilar a través del ‘chuponeo’ las conversaciones privadas e información privilegiada en el ámbito social y político de los opositores a la gestión de Álvarez y sus aliados, data que luego entregaba a Heriberto Benítez y este derivaba a Jorge Burgos, quien las transcribía en ‘La Centralita’.

Punto que fue respaldado con el testimonio de Juan Carlos Barrios Ávalos, exguardia de ‘La Centralita’ en el turno de la noche, quien confesó lo siguiente en un video publicado el 1 de marzo del 2012: “(…) tenemos audios que están trayendo desde Lima, a manos del señor Rodolfo Orellana. (…) Yo lo edito y vemos cómo se ‘chuponea’ todo lo que atenta contra Álvarez”. Y añade: “Les digo, Orellana para nosotros es un fantasma porque siempre se le nombra, pero nunca se le ve”. La cosa, sin embargo, se pone más escabrosa.

EL BRAZO ARMADO
La Procuraduría Anticorrupción se encuentra en la capacidad de afirmar que la organización criminal dirigida por César Álvarez habría tendido puentes con sicarios y extorsionadores, “a quienes emplearía para atacar a sus adversarios políticos, denunciantes, testigos y a cualquiera que cuestione la gestión del presidente regional”.

La bisagra entre Álvarez y la delincuencia, según la Procuraduría Anticorrupción, sería Luis Humberto Arroyo, alcalde vigente del Santa, y que fue sindicado por la Policía como el autor intelectual del primer atentado que sufrió Ezequiel Nolasco, el 22 de julio del 2010.

Y expone una serie de irregularidades cometidas por agentes judiciales de Áncash para “proteger a Álvarez, Arroyo y a otros integrantes de la organización criminal que habrían planificado y ordenado los asesinatos de sus opositores políticos José Luis Sánchez Milla y Ezequiel Nolasco Campos”, y para desvincularlos con el sicario Jaime Sánchez, ‘Piolín’, arrestado después del primer intento de homicidio contra Nolasco.

Hace poco, César Álvarez y sus cómplices trataron de recusar al titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, Richard Concepción Carhuancho, aludiendo irregularidades durante la audiencia en la que se le dictó impedimento de salida del país. La medida, sin embargo, fue declarada infundada el 29 de abril pasado.

¿Cuál será la suerte de su caso con Ramos Heredia al frente del Ministerio Público? “Mi trabajo será mi tarjeta de presentación”, prometió entrevistado en La República en vísperas de su juramentación. Dado el recibimiento que le han dado, deberá mostrarla rápido. (Por: Álvaro Arce- Caretas.com.pe)