Chimbote en Línea (Análisis La República).- Ayer comenzaron a desfilar por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) los fiscales que fueron apartados del Ministerio Público o cambiados de sus cargos por decisiones del ex fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales.

Decisiones dirigidas, se presume, a favorecer intereses del investigado ex presidente regional de Áncash César Álvarez, cuando menudeaban denuncias en su contra por corrupción. Las versiones de estos testigos,  algunas ya públicas, son contundentes, al punto que dejan poco margen de discrecionalidad a un organismo como el CNM, responsable de haber nombrado a la cúpula de fiscales que hoy simboliza la crisis institucional del Ministerio Público.

El CNM también ha abierto una investigación de oficio contra el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos. Hasta hace poco dirigía el organismo disciplinario del Ministerio Público. Detrás de lo presuntamente irregular en su actuación habría lo mismo: parcialidad en favor de Álvarez, traducida en castigos a fiscales que lo inquirían, o complacencia con quienes no cumplían su labor.

Peláez y Ramos integran la junta de cinco fiscales supremos que gobierna el Ministerio Público. Aliados con las magistradas Nora Miraval y Zoraida Ávalos para tomar las decisiones fundamentales, controlan el organismo rector, en el que permanece como minoría el fiscal más antiguo, Pablo Sánchez. Así tenemos que el Ministerio Público está dirigido por un sector que tiene conflicto de interés con la más importante investigación que lleva a cabo en el país: la concerniente a los sucesos criminales en Áncash. Una distorsión de este tipo no se ha visto antes en la institución. 

LOS CAMBIADOS
Cuatro de quienes desfilan ante el CNM son los fiscales que en el 2011 participaron directamente en el allanamiento de La Centralita, el centro de operaciones político-propagandísticas de Álvarez donde se habrían realizado pagos ilícitos. Ellos son César Jiménez, Francisco Estrada, Miguel Ángel Vilca y Christian Aceijas. Otro, Segundo López Sotelo, fue cambiado luego de reabrir el caso, que ya estaba archivado.

Jenny Vilcatoma y Juan Manuel Toledo, así como Nancy Moreno, también apoyaron la investigación del caso La Centralita. Por su parte, la fiscal Carmen Berrocal había acusado a Jack Castillo, un empresario vinculado a Álvarez, como autor intelectual del asesinato del fiscal Luis Sánchez Colona. Castillo era defendido por un estudio jurídico del que era socio el hermano del Fiscal de la Nación. Finalmente, José Luis Checa fue sancionado por investigar demasiado al presidente regional.

De los anteriores, es posible que Peláez pueda justificar los cambios de Vilcatoma y Toledo, por razones de seguridad. Estaban siendo ferozmente amenazados. Pero su jefa, Nancy Moreno, fue cambiada a fines del 2012 por apoyar las investigaciones de ambos. Moreno, quien ahora preside la junta de fiscales del Santa, dijo en esa ocasión que su cambio era injusto y que se debía a que incomodaba a “algunas personas”. Tan obvio era que se refería a Álvarez que a continuación dijo:
—Todo el mundo tiene que darse cuenta de lo que está pasando en Chimbote, en Áncash.

LOS PROTECTORES
Aparte de estos cambios, el congresista Modesto Julca  culpa a Peláez por haber nombrado a algunos fiscales afines a Álvarez, como Hugo Hernández, que trabajó en el gobierno regional, y Augusto Huaroma, a quien se atribuyó militancia en el movimiento político del gobernador. También le cabría responsabilidad por haber rechazado investigarlo por enriquecimiento ilícito. Cuando tuvo el expediente, solo analizó, antes de archivarlo, la declaración indagatoria de Álvarez, la información de Registros Públicos sobre sus bienes muebles e inmuebles, un reporte de Infocorp y su movimiento migratorio. No dispuso el levantamiento de su secreto bancario, ni el del secreto de las comunicaciones. El patrón investigativo fue distinto al que empleó con otros denunciados.

Por último, Peláez desoyó continuas acusaciones contra el fiscal decano del Santa, Dante Farro. Era el gran protector de Álvarez. Pero por esto último quien está más llamado a responder es el actual Fiscal de la Nación, pues dirigía la Oficina de Control Interno. A Carlos Ramos se le atribuye haberse excedido con el fiscal Checa, quien fue castigado por intervenir una camioneta en la que viajaba Álvarez. En la  inspección no se halló ninguna carga ilícita.

TANTAS VECES FARRO
En febrero del 2014, ante el cúmulo de denuncias y de continuos requerimientos del congresista Modesto Julca para que Farro fuera investigado, Carlos Ramos le abrió proceso disciplinario por supuesta inconducta en el allanamiento de La Centralita. De acuerdo con la denuncia de los fiscales que la intervinieron, Farro intentó disuadirlos en presencia de
César Álvarez y de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo. Incluso les habría dicho que Álvarez tenía influencia con fiscales supremos. El hecho de que Farro fuera investigado recién este año era desconocido hasta la semana pasada, cuando llegó al Congreso un oficio del Ministerio Público informándolo. Desconocido también era el castigo: 29 días de suspensión, con rebaja del cincuenta por ciento de sus haberes.

La tardía y leve sanción no deja bien parado al Fiscal de la Nación. Pues la resolución reconoce faltas que antes Ramos, como jefe de Control Interno, negaba. Farro debe aún debe afrontar un proceso penal. Un testigo en el proceso judicial de La Centralita sostiene que recibía pagos mensuales por treinta mil soles de la administración del gobierno regional. El fiscal niega los cargos.

Los enmarañados procesos de La Centralita y de los asesinatos en Áncash, donde algunos testigos pueden comprometer a Peláez y a Ramos más de lo que se conoce, colocan en una situación insólita al Ministerio Público. En estas circunstancias, el Fiscal de la Nación ha decidido trasladar el expediente de La Centralita a Lima, generando un cúmulo de suspicacias. Parece innegable que Ramos tendrá mayor control sobre las diligencias. A lo anterior se suma otra complicación: el caso Orellana.
EL FACTOR ORELLANA
El 14 de abril pasado, la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público emitió una nota de prensa según la cual se realizaría una investigación por lavado de activos contra el abogado Rodolfo Orellana. Dijo que por disposición del fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, la llevaría a cabo la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Para entonces, los indicios de que la red de Orellana mantenía amplios vínculos con los organismos de justicia saltaban a la vista. Era una investigación antigua, que se había detenido por contratiempos judiciales, y que ahora pasaba a una nueva fiscalía. Y resultaba comprensible que Peláez quisiera difundirla: se le había criticado una actitud negligente respecto de Orellana, al extremo de mantener a un hombre suyo como asesor. Lo insólito vino después, cuando Ramos ya tenía las riendas del Ministerio Público.

El 10 de junio el responsable de la oficina de Imagen, Raúl Sánchez, fue notificado de un proceso disciplinario en su contra,  por presunta vulneración de la reserva de la investigación fiscal y del principio de presunción de inocencia de Rodolfo Orellana. No hacía mucho Ramos se había reunido con el investigado, encuentro que inicialmente fue negado.

¿Así estamos en el Ministerio Público? ¿Cabe procesar a un funcionario porque informa simplemente que Orellana va a ser investigado, en un ejercicio mínimo de transparencia? Parte de lo gordo en las investigaciones sobre la corrupción en Áncash serán las operaciones de COOPEX, la denunciada fábrica de cartas fianza del grupo Orellana, en  las obras públicas de la región. Si el Fiscal de la Nación reacciona así con una nota de prensa que le disgusta, lo que viene es de temer. (Por: Ricardo Uceda- La República)