Chimbote en Línea.- La Contraloría General alertó de varias situaciones adversas en la capacidad de respuesta de los hospitales Eleazar Guzmán Barrón y Víctor Ramos Guardia, ante la presencia de casos de COVID-19 que ameritan la adopción de acciones correctivas para evitar la propagación del virus y asegurar la atención oportuna y eficiente a los usuarios del sistema de salud.

Si bien ambos hospitales, ubicados en Nuevo Chimbote y Huaraz, respectivamente, cuentan con áreas diferenciadas para la atención a pacientes con síntomas de COVID-19, se advierten riesgos en el proceso de triaje como la ausencia de medidas complementarias para el flujo de personas o cruces con otras áreas que pueden generar contagio entre los transeúntes.

Estos riesgos fueron identificados en las visitas de control realizadas en el marco del plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19 que ha puesto en marcha el máximo ente del Sistema Nacional de Control a nivel nacional, con el despliegue de más de 200 auditores.

Los auditores inspeccionaron el área de triaje, la implementación de salas de aislamiento, la disposición real de los profesionales de salud, la distribución de Equipos de Protección Personal (EPP) a los profesionales de la salud, las condiciones y protocolos de traslados de pacientes en ambulancias, la disponibilidad de equipamiento biomédico y el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, según reporta el Informe de la Orientación de Oficio N° 2957-2020-CG/GRAN-SOO , se observó el inconveniente funcionamiento de las oficinas de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres dentro de la línea de flujo de los pacientes con síntomas de COVID-19.

En relación al personal, dicho nosocomio no acreditó contar con la disponibilidad real de profesionales de la salud consignado en el Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del Coronavirus.

Se constató que los sistemas de información sobre el control de distribución y de tiempo de recambio de equipos de protección personal y materiales de desinfección, no garantizan el registro, calidad, consolidación y envío de información del suministro de los productos a través del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos-Quirúrgico (Sismed).

Este hecho posibilita riesgos de pérdida, de bioseguridad por sobreutilización y en la toma de decisiones respecto a requerimientos, adquisición y stock de los mismos.

En el Informe de la Orientación de Oficio N° 3100-2020-CG/GRAN-SOO se advierte que el Hospital de Apoyo Víctor Ramos Guardia no maneja protocolos para el transporte asistido o mecanismos de coordinación con el Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) para la contención, referencia y capacidad de respuesta ante casos sospechosos de infección por COVID-19.

Se alertó también sobre el inadecuado almacenamiento central o final de residuos sólidos biocontaminados, que genera mayor riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, con afectación a la salud del personal del hospital y de los usuarios que transitan por la zona.

Ambos informes fueron entregados por la Gerencia Regional de Control de Áncash a los directivos de estos establecimientos, así como al Ministerio de Salud, con la finalidad que se tomen las medidas preventivas o correctivas que corresponden a través de un plan de acción que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la capacidad de respuesta de los nosocomios ante la presencia e incremento de casos de COVID-19 en la región.

Cabe precisar que el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, de nivel III, recibe referencias de pacientes de las provincias de Santa, Casma y Huarmey, y derivados de las localidades de los valles intermedios de Caraz, Huaylas, Yungay, Huaraz, Sihuas y Ocros. Mientras que el Víctor Ramos Guardia, de nivel II, con más de 50 años de antigüedad, atiende a las poblaciones de Huaraz, Callejón de los Conchucos, Callejón de Huaylas y parte de la región Huánuco (localidades de Huacrachaco, Dos de Mayo, La Unión y Llata).

A NIVEL NACIONAL

Durante el período del operativo, que fue del 21 a 24 de abril, se visitaron 97 establecimientos de salud de los más de 200 hospitales asignados a los casos de COVID-19, los cuales están adscritos al Ministerio de Salud (14), EsSalud (32), Fuerzas Armadas (3), Policía Nacional (2) y Gobiernos Regionales (46). Para cada hospital se emitieron los respectivos informes de control y en ellos se pudo evidenciar que:

La emergencia sanitaria ha provocado una reducción de casi 30% en la capacidad de profesionales de la salud en los establecimientos de salud visitados, es decir que, en promedio, atienden con el 74% de sus médicos, así como el 76% de sus enfermeras (os) y el 72% de sus técnicos (as).

Durante el operativo, los auditores contabilizaron un total de 656 camas en las UCI para pacientes con COVID-19, de las cuales 445 estaban ocupadas. Además se comprobó la existencia de 632 ventiladores mecánicos operativos, de los cuales 453 estaban ocupados.

Tomando en cuenta estas cifras, existen 211 camas UCI COVID libres a la fecha de la visita y 179 ventiladores mecánicos libres, por lo que hay un déficit de 32 ventiladores mecánicos para cubrir la totalidad de camas UCI COVID registradas en el operativo

Sin embargo, también se detectó que 80 ventiladores mecánicos estaban inoperativos y cincuenta (50) de ellos está en hospitales adscritos a los Gobiernos Regionales.