Chimbote en Línea (Anticorrupción / Fuente: América Economía)  La corrupción tiene un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo. Además de consideraciones de ética pública, la corrupción desincentiva la iniciativa privada y reduce los recursos públicos disponibles, lo cual se traduce, por ejemplo, en menos hospitales o educación de peor calidad. La corrupción también distorsiona el modo en que los gobiernos usan esos recursos y mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Sobornos, malversación, nepotismo y tráfico de influencias en los procesos de toma de decisión son algunas de las manifestaciones típicas de esta somatización del mal gobierno.

Pese que el Perú es la octava economía de más rápido crecimiento en el mundo. La corrupción es percibida como el segundo problema del país para los peruanos, por detrás de la delincuencia.

A todo lo anterior hay que sumar que la corrupción es regresiva y golpea más a los que menos tienen. Según estudios del Banco Mundial, hay evidencias de que los peruanos con menos recursos destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a pagar coimas para acceder a los servicios básicos que, por derecho, les corresponden (hasta un 14% frente al 1% de los ciudadanos con más recursos).

También afecta al sector privado. La corrupción está presente en la relación entre el Estado y las grandes empresas, que pueden destinar hasta el 5% de su facturación a sobornos con el propósito de agilizar trámites u obtener contratos. El Informe Global de Competitividad cita, además, la corrupción como el segundo problema para hacer negocios en el Perú.

En este sentido, hay iniciativas interesantes que pueden acelerar la mejora del desempeño del país en aspectos de gobernabilidad. El gobierno de Perú, a través de instituciones como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), está poniendo en marcha iniciativas para prevenir y castigar la corrupción, así como facilitar los instrumentos para su denuncia.

Adicionalmente, distintos esfuerzos de concertación con el sector privado y la sociedad civil (pactos de integridad, iniciativas de monitoreo social) pretenden aunar esfuerzos para lograr un mayor impacto en las estrategias –tradicionalmente aisladas-  de lucha contra la corrupción.

El futuro Observatorio de Riesgos de Corrupción es una de las actividades principales de este proyecto y medirá, trimestralmente, en qué medida las instituciones públicas son vulnerables a la corrupción teniendo en cuenta dimensiones como su nivel de transparencia o el manejo de sus procesos de adquisiciones. El Observatorio, cuyos hallazgos serán públicos, emitirá recomendaciones de política para mejorar, en cada institución, aquellas áreas grises en las que se pueden estar desarrollando prácticas corruptas.

Se trata de acompañar al Estado en un proceso de reflexión continuo sobre cómo prevenir y reducir sus índices de corrupción. Asimismo se busca contribuir a fortalecer las iniciativas de la sociedad civil para una mayor vigilancia y exigencia de transparencia.