Chimbote en Línea.- Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, el empresario y abogado Rodolfo Orellana anunció que desistirá de las querellas judiciales entabladas contra un grupo de periodistas que desde hace unos años vienen informando de sus presuntos vínculos con el crimen organizado y la adquisición irregular de bienes.

Orellana dijo que lo que buscaba con estas denuncias es que se pruebe en sede judicial los cargos penales que se le imputan, pero en vista del “linchamiento mediático” que esto habría generado, decidió desistir de los procesos.

Desde 2011, Orellana ha querellado judicialmente a más de una veintena de periodistas para impedir que siga siendo investigado por la prensa independiente. Además, ha demandado penalmente a dos medios de comunicación por delitos de lavado de activos. Sobre estos dos procesos el comunicado de Orellana no da información.

Así lo demostró el Centro LIBER, un programa del Instituto Prensa y Sociedad y la Universidad Católica para brindar apoyo jurídico a la libertad de expresión, cuando en abril pasado ofreció junto a los periodistas afectados una conferencia de prensa. En esa ocasión anunció la presentación de un informe al Poder Judicial y al Ministerio Público demostrando el uso indiscriminado y sistemático de mecanismos legales utilizados por Orellana y sus allegados en contra de periodistas, por informar sobre una presunta red criminal.

El pasado 20 de junio el director de LIBER, Julio Arbizu, junto a una comisión de periodistas y abogados, se reunieron con Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, para tratar el tema de los periodistas querellados o demandados en la vía civil durante los últimos años por el grupo Orellana.

El objetivo de la reunión fue denunciar el empleo que vienen haciendo este grupo del Poder Judicial, convirtiéndolo en una herramienta para silenciar a la prensa que les resulta incómoda por denunciar las maniobras del empresario.

Arbizu entregó a Mendoza de un documento en el que se describen los patrones principales de actuación que permiten identificar a los grupos que intentan utilizar el Poder Judicial para coartar la libertad de prensa. El documento incluye también un listado de pautas referenciales a través de las cuales se busca sugerir a los jueces emplear los 10 días de plazo que les concede la ley a efectos de calificar las querellas para verificar si existen realmente indicios de falta de diligencia periodística entre las evidencias aportadas por el querellante. (Ipys)