(Por: P. Juan Roger Rodríguez Ruiz*) Me dirijo especialmente a los alcaldes quienes rigen los destinos de sus respectivos distritos y están dedicados de lleno a la actividad vecinal. Nuestra Iglesia gran aprecio a tan importante tarea. El Concilio Vaticano II afirma que la política es un arte "difícil y nobilísimo" (Gadium et spes, 75).

Esta dignidad del quehacer político se pone de relieve por sí sola. Basta considerar su propia finalidad, esto es, servir al hombre y a la comunidad, y promover sin cesar sus derechos y legítimas aspiraciones. De aquí se sigue la preeminencia de los valores morales y de la dimensión ética, que ha de ser salvaguardada, no obstante las contingencias del obrar humano o de los intereses contrapuestos.

El poder político que constituye el vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social, debe tener como finalidad la realización del bien común.

Es verdad que no todos los ámbitos de la vida personal y social caen bajo la competencia directa de la política, pero no es menos cierto que uno de los deberes no eximibles de esta actividad, es crear y potenciar las condiciones sociales que favorezcan el bien auténtico y completo de la persona, sola o asociada.

Dentro de ese amplio marco de condiciones que configuran el bien común de la sociedad civil, corresponde ciertamente al Estado prestar una particular atención a la moralidad pública, a través de oportunas disposiciones legislativas, administrativas y judiciales, que aseguren un ambiente social de respeto de las normas éticas, sin las cuales es imposible una digna convivencia humana.

Es ésta una tarea particularmente urgente en la sociedad contemporánea, ya que se ve afectada por una grave crisis de valores que repercute negativamente en amplios sectores de la vida personal y de la misma sociedad.

La exigencia inmediata de valores morales, es una decidida opción por la verdad y la justicia en la libertad, lo cual ha de reflejarse en los instrumentos institucionales y legales que ordena la vida ciudadana.

Por otra parte, el fomento de la moralidad pública es inseparable de las demás funciones de la sociedad. En efecto, sabemos muy bien que un deterioro progresivo de la moralidad pública crea peligros contra los derechos y libertades del hombre, incluso contra la seguridad ciudadana.

Además pone en entredicho importantes valores de la educación y de la cultura común y, en definitiva debilita los ideales que dan cohesión y sentido a la vida ciudadana.

Estamos llamados a participar responsablemente en la vida pública, cada uno desde su propio puesto. Ejercitando sus derechos y cumpliendo sus deberes cívicos, contribuirán decididamente al bien común del país y de la provincia del Santa.

Ojalá se alcance un renovado sentido de la fraternidad social como corresponde a los ciudadanos de esta gran comunidad que es la provincia del Santa.

(*) Rector de la Catedral Nuestra Señora del Carmen y San Pedro Apóstol – Diócesis de Chimbote.