Chimbote en Línea (Cuestión de fe) 384 sacerdotes, reconocidos culpables de abusos de menores, fueron reducidos al estado laico: 260 en 2011 y 124 en 2014. La estadística, obtenida a partir de los datos publicados en el volumen “Actividades de la Santa Sede 2012” y en la que se describen las actividades del ente disciplinario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, demuestra pues un drástico aumento con respecto a los casos de 2008 y 2009, que en conjunto fueron 171.

Durante los primeros años del nuevo milenio, después del grave escándalo de los sacerdotes pederastas en los Estados Unidos Juan Pablo II y el entonces cardenal Joseph Ratzinger decidieron llevar a Roma todos los casos de los sacerdotes acusados de abuso de menores.

Pero, con la elección de Benedicto XVI la lucha en contra del fenómeno se reforzó ulteriormente. En abril de 2008, en la entrevista durante el vuelo que lo llevaba a los Estados Unidos, Papa Ratzinger dijo: “Excluiremos rigurosamente a los pederastas del sacro ministerio; es absolutamente incompatible y quien sea verdaderamente culpable de ser pederasta no puede ser sacerdote”.

El Papa, en ocasión de sus viajes, comenzaba a reunirse regularmente con algunas víctimas de abusos, pidiendo, con su ejemplo concreto antes que con sus palabras, un cambio de mentalidad  en toda la iglesia.

2009 fue el año de la publicación de los informes sobre los abusos en Irlanda y 2010 surgieron los casos alemanes. Benedicto XVI publicó una carta dirigida a los católicos irlandeses y ordenó una visita apostólica a todas las diócesis del país.

En una entrevista durante el vuelo que lo llevaba a Lisboa, en mayo de 2010, Papa Ratzinger afirmó: “La mayor persecución de la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, sino nace del pecado en la Iglesia, y la Iglesia, pues, tiene una profunda necesidad de volver a aprender la penitencia, de aceptar la purificación, de aprender por una parte el perdón, pero también la necesidad de la justicia. El perdón no sustituye a la justicia”.

El 15 de julio de 2010 se hicieron algunas modificaciones a las “Normae de gravioribus delectis”, que, en los hechos, introdujeron una legislación de emergencia para estos casos.

Entre las novedades más importantes figura la del plazo de prescripción, que fue cambiado de diez a veinte años. Los procedimientos fueron simplificados y, en los casos más graves, la reducción al estado clerical puede darse incluso por vía administrativa. Se insiste una vez más en que siempre hay que atender las disposiciones de la ley civil en cuanto la comunicación de los crímenes a las autoridades competentes.

En un primer comentario, el director de la Sala de Prensa vaticana rechazaba la lectura de los datos estadísticos ofrecida por la AP, pero poco después el mismo padre Lombardi confirmó su absoluta fiabilidad. Una confirmación más llegó en voz del arzobispo maltés Charles Scicluna, el prelado que durante una década dirigió en el ex Santo Oficio el equipo encargado de ocuparse de estos casos.  (Con datos de Vatican Insider)