Chimbote en Línea (Por: Carolina Garcés) Nadie podrá negar que el trabajo en el hogar aún no es reconocido ni valorado lo suficiente, tal vez por haber sido  histórica y culturalmente realizado por mujeres. Ello, a pesar de ser una labor esencial para  obtener recursos y, por tanto, para la mejora económica y social de las familias y del país, permitiendo la incorporación de las personas a los mercados de trabajo, productos y servicios.

Así, La Ley N° 27986 y su reglamento, emitidos en el 2003, fueron en su momento un avance en el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Pero no han sido suficientes para la adecuada protección de este sector de la población femenina, debido principalmente a que no exigen un contrato escrito, no fijan un sueldo mínimo, y solo se les reconoce parcialmente derechos como vacaciones,  gratificaciones y CTS. Esto las coloca en una situación de desventaja debido a  diferencias de trato que carecen de justificación y que responden a estereotipos de género, a los que se suman consideraciones de origen  racial o étnico,  económicas, sociales, entre otras.

Lo expuesto muchas veces va de la mano con afectaciones a su dignidad, integridad y demás derechos humanos, derivadas de una discriminación que, como tal, no puede ser tolerada por el Estado.

Así, ante una de las labores reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como las de mayor déficit de trabajo decente en el mundo por sus extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social y alto nivel de incumplimiento de las normas vigentes, la Defensoría del Pueblo ha venido realizando un conjunto de acciones y estableciendo recomendaciones a fin de contribuir a promover los derechos de las trabajadoras del hogar en nuestro país.

Es por ello que saludamos que, en el marco del Día de las Trabajadoras del Hogar celebrado el 30 de marzo último, el Ministerio de Trabajo, en concordancia con las recomendaciones  defensoriales, haya aprobado el Plan de Acción 2014, que busca promover el cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

En dicho plan se establece la aprobación, en abril, de un protocolo que establecerá las reglas para la inspección y verificación del cumplimiento de las obligaciones correspondientes al régimen laboral del trabajo del hogar remunerado; asimismo el plan establece entre sus ejes fundamentales el registro de trabajadoras del hogar, así como la promoción del empleo.

Alarmante incumplimiento

Preocupa las cifras oficiales nos muestren una gran diferencia entre el establecimiento formal y el ejercicio real de los derechos reconocidos (lamentablemente aún sólo de manera parcial) a las mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado.

Así por ejemplo, según el INEI se estima que el número de trabajadoras del hogar en el Perú asciende a aproximadamente 404,127, de las cuales solo el 23.4% se encuentran inscritas en el registro de la Sunat, lo que implica el incumplimiento del derecho a la seguridad social (salud y pensiones) del 76.6% restante.

La situación es todavía más grave si tenemos en cuenta que se trata de una labor en la que, por diversos factores, difícilmente las estadísticas logran captar a todas las trabajadoras del hogar que laboran de manera informal y que, por ende, no son registradas por el Estado. (Del Blog de la Defensoría del Pueblo)