(Andina) La Autoridad Nacional del Agua (ANA) pidió a los gobiernos regionales y locales sumar esfuerzos y elevar el monto de la inversión de sus presupuestos para obras de infraestructura que garanticen la provisión de agua para sus pueblos, así como su uso correcto.

Hugo Jara Facundo, jefe del ANA, manifestó que debe iniciarse una campaña para promover entre las autoridades del interior del país la necesidad de proteger ese recurso y desarrollar obras para asegurar que la población acceda a los servicios básicos de agua y desagüe.

“Se necesita que los gobiernos regionales y locales inviertan mucho más en obras para un mejor uso del agua porque son proyectos muy necesarios para la comunidad, la salud y el bienestar”, manifestó.

Consideró urgente establecer una mejor articulación en el trabajo de las regiones y municipios para cuidar el agua y asegurar que más peruanos cuenten con este servicio y regular su empleo para otras actividades.

Indicó que actualmente se realizan esfuerzos de manera aislada, cuando lo adecuado es canalizar mejor los presupuestos para poder dar en conjunto viabilidad a proyectos de esa naturaleza, que son de mucha necesidad para la población.

De acuerdo al ANA, el Perú es un país con gran disponibilidad hídrica y se ubica entre los 20 países más privilegiados con este recurso, el cual no es debidamente aprovechado por la falta de infraestructura para almacenar y asegurar el uso responsable de esos recursos.

El agua almacenada permitiría atender las demandas poblacionales, agrícolas, pecuarias, energéticas, e industriales, lo que propiciará el desarrollo productivo multisectorial de las regiones

Jara Facundo refirió que, de acuerdo a las cifras oficiales, muchos gobiernos regionales y locales devuelven fondos o no tienen proyectos para ejecutarlo; y uno de las causas es la falta de comunicación con los diversos organismos del Estado.

Añadió, en ese sentido, que el ANA está dispuesta a colaborar decididamente para la elaboración de estrategias claras y puntuales para resolver de manera gradual la problemática del agua en muchas localidades del país.   

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el 57 por ciento de los conflictos sociales en el país está vinculado a problemas medioambientales, en que el uso del agua para actividades extractivas es uno de los temas recurrentes.

El funcionario afirmó que sí es posible una convivencia armónica entre el agua y oro, sin perjuicio del medioambiente; y refirió que para ello existe la tecnología necesaria.

Indicó que gran parte de la oposición a los proyectos mineros surge por un problema de comunicación, que el gobierno trata de resolver.

Finalmente, destacó la decisión del Poder Ejecutivo de combatir la minería ilegal declarándola como un delito.