Chimbote en Línea.- (Por: Fernando Villarán*)  En la reunión de gobernadores del Grupo Banco Mundial (GBM) y el Fondo Monetaria Internacional (FMI) llevada a cabo en la ciudad de Lima, en octubre de 2015, se presentó un documento elabora por el GBM denominado “Perú: siguiendo la senda del éxito”. En dicha publicación se daba cuenta del crecimiento de la economía peruana comparada con otras economías, mostrando cómo, a partir de las reformas macroeconómicas implementadas en 1990 se cambió positivamente el desempeño económico del país. De un crecimiento promedio anual de 0,2% para el período 1961-1990 se pasó a un crecimiento de 3,0% para el período 1990-2013, superando el crecimiento promedio de América Latina (1,7% anual) y del mundo (1,3%). Pero los buenos resultados no sólo se limitaron al campo económico, el documento también mostraba las siguientes cifras sobre el desempeño en el campo social: el Perú redujo la pobreza en 23% de la población,  en el período 2000-2013, mientras que el promedio de América Latina fue sólo de 13% de la población, para el mismo período.

Sin embargo, como previniendo un desborde de autocomplacencia por parte de las autoridades económicas y monetarias peruanas, el propio documento señala que a pesar de estos buenos resultados, el Perú mantiene tres graves problemas: (i) falta de infraestructura, (ii) exportaciones poco diversificadas y (iii) alta informalidad, que limitan su desarrollo en el largo plazo. El más grave de todos estos problemas es ciertamente la alta informalidad laboral.

DATOS CONCRETOS

De acuerdo a un estudio reciente, realizado por el INEI con el apoyo del IRD de Francia[1], la informalidad laboral en el Perú abarca al 75% de la PEA (Población Económicamente Activa). De este total, 58% corresponden a la fuerza laboral del sector informal, y el 17% corresponden a trabajadores del sector formal. Que luego de 25 años de aplicación del modelo neoliberal en el Perú 3 de cada 4 personas en edad de trabajar no tengan un ingreso adecuado, no gocen de los derechos laborales mínimos (un mes de vacaciones, CTS, gratificaciones de julio y diciembre), no accedan a un seguro de salud ni a una jubilación para cuando dejen de laborar, sólo muestra el fracaso del modelo. Si bien las cifras macroeconómicas son reales, lo es también esta realidad laboral. La pregunta que puede empezar a resolver este dilema es la siguiente: ¿Qué es más importante, o mejor, para que se gobierna: mostrar crecimiento del PBI, altas reservas y baja inflación, o para mejorar la calidad de vida de las personas de carne y hueso?

Pero el problema no queda allí. La ideología construida para sustentar y justificar el modelo del mismo nombre, responsabiliza el Estado como el culpable de la informalidad: son los altos costos de la formalidad, la tramitología, el gran tamaño del Estado lo que explicaría la informalidad. Esto último no corresponde a la realidad; mientras que los países de la OECD (organización a la que quiere entrar el Perú) tienen Estados que representan el 35% del PBI, y absorben al 20% de la PEA, en el Perú el Estado representa el sólo el 16% del PBI y emplea al 9% de la PEA.

El neoliberalismo ha tenido 25 años para resolver el problema de la informalidad y no lo ha podido hacer. Las dos recetas que propuso Hernando De Soto, y que aplicaron los gobiernos de Fujimori (1990-2000) y de García (2006-2011) han sido: (i) la simplificación de trámites y (ii) los títulos de propiedad para las personas de menores ingresos. En el primer caso, se han realizado muchos proyectos, financiados por el AID, Banco Mundial (IFC), cooperación internacional, con el ILD y otras instituciones peruanas, que han intentado simplificar los trámites sin lograr resultados permanentes. En el segundo caso, en 1996 se creó COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) que hasta el momento ha entregado más de 4 millones de títulos de propiedad. Ninguna de estas dos medidas ha dado resultado, y la informalidad ha seguido creciendo imperturbable.

UN PROBLEMA IRRESUELTO

Para resolver el grave problema de la informalidad laboral no hay que inventar la pólvora, hay que hacer como los países desarrollados y los emergentes exitosos: apoyar masivamente a sus micro y pequeñas empresas (MYPEs), urbanas y rurales, y trabajadores independientes, que es donde está la informalidad, brindando capacitación, transfiriendo tecnología, otorgando créditos, abriendo mercados dinámicos, apoyando la asociatividad y su vinculación con las grandes y medianas, promoviendo el emprendimiento de los jóvenes en empresas de alta tecnología, entre otras medias. Estados Unidos, a través de la Small Business Administration (SBA) destina mil millones de dólares anuales a estas actividades; Brasil, a través de SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa), destina 800 millones de dólares, y Chile, unos 200 millones anuales, a través de CORFO (Corporación de Fomento a la Producción).

¿Por qué no se ha hecho esto en el Perú? Sencillamente porque este tipo de promoción significa tener un Estado más fuerte, honesto y eficiente, y esto choca con la ideología que nos sigue repitiendo que el Estado es el mayor problema y tiene que desaparecer de la economía. Aquí, esta ideología actuó en vivo y en directo. Durante el segundo gobierno de García, en plena euforia del Perro del Hortelano (sólo las grandes inversiones mineras salvarán al Perú), no se les ocurrió mejor idea que cerrar PromPYME, la única agencia especializada que tenía el país para el apoyo de las MYPEs.

Esperemos que los dos candidatos a la presidencia (de la segunda vuelta) aprendan estas lecciones, y procedan en consecuencia.


* Decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la UARM
Publicado en la revista Signos – Instituto Bartolomé de Las Casas