Chimbote en Línea.  – El menor crecimiento implica un aumento de la pobreza en Perú, que antes de la pandemia estaba en 20%, tras haber alcanzar casi al 60% de la población en el 2004.

Con la pandemia, tras una dura cuarentena que recesó la economía, la pobreza se disparó a 30.1%, pero con la recuperación económica del 2021 se redujo a 25.9%.

Pero la inestabilidad política y social golpeó la confianza de inversionistas y del ciudadano de a pie al punto que unos 628 mil personas más cruzaron la línea y cayeron en pobreza en 2022.

En medio de ese contexto, la inversión privada siguió retrocediendo, salvo la que se ejecutaba para poner operativa minas Quellaveco.

Ello. no obstante existir en el país una cartera de 46 proyectos mineros que involucran una inversión $53 mil 100 millones.

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que el retraso en la ejecución de 23 proyectos evitó que la pobreza se reduzca en 5 puntos porcentuales entre el 2008 y el 2022.

Al respecto, el gerente general del IPE, Carlos Gallardo, explicó que la puesta en marcha de esos proyectos habría permitido aumentar el crecimiento promedio anual de la economía de 3.9% a 4.7% en el periodo 2008 y 2022, por encima de lo que crece actualmente.

Explicó que 1 millón 700 mil personas más habrían salido de la pobreza hacia 2022.

Conflictos. Precisa el estudio que el retraso en la ejecución de esos 23 proyectos es por razones ajenas a las empresas, entre ellas los conflictos sociales y la tramitología.

Esos 23 proyectos tienen una demanda de inversión de $29,667 millones.

Según el estudio del IPE: “¿Qué estamos perdiendo como país?, los 23 proyectos suman una década de atraso, considerando que el inicio de sus operaciones estaban programados entre el 2011 y 2013.

Dijo que de los 23 proyectos atrasados, 16 ya no indican una fecha probable de inicio de operación, “que evidencia la incertidumbre sobre su ejecución”.

Entre esos 16 proyectos están Conga, Tía María, El Galeno, Magistral, Río Blanco y Huaquira.

Pérdidas. Explicó que se estima que el costo de no ejecutar los proyectos mineros retrasados, entre el 2008 y 2022, significó pérdidas de S/698 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal.

Además, refirió que se evitó la creación de hasta 541 mil empleos anuales durante la fase de producción y de hasta 125 mil empleos anuales durante la fase de inversión minera.

PBI. Gallardo señaló que el estudio precisa que la conflictividad social, entre 2021 e inicios de 2023, obligó a 11 principales unidades mineras a detener sus operaciones, ocasionando pérdidas de S/7,000 millones, impactando en el menor crecimiento de la economía.

Refirió que el estudio evaluó el costo de los retrasos asociados a la tramitología administrativa que enfrentan los proyectos mineros. “Identificó que los principales cuellos de botella están relacionados a los instrumentos de gestión ambiental y el proceso de consulta previa, en las fases de inversión y preparación de la cadena productiva. Se estima que las demoras por la tramitología pueden extender el cumplimiento de los procesos administrativos en hasta 7 años, más del doble del tiempo normativo de 2-3 años”, precisó. (Fuente: diario Correo)