(Editada del informe de IDL Reporteros) Por Milagros Salazar.- Chimbote, Perú- Este puerto norteño hiede a pescado podrido durante todo el año, pero cuando empieza la temporada de pesca de anchoveta a finales de noviembre, su larga fila de fábricas expele aceitosas y nauseabundas humaredas que impregnan todo a lo largo de varios kilómetros. “Ese es el olor del dinero”, advierte un sonriente taxista a los visitantes, a quienes observa taparse la nariz mientras se acercan a la zona industrial 27 de Octubre, donde más de 20 fábricas operan a todo motor.

Perú es la segunda nación pesquera en el mundo después de China; y el 85 por ciento de su pesca es la anchoveta. Casi toda la anchoveta capturada, sin embargo, se convierte en harina: un alimento para engordar a otros pescados y a los cerdos. Perú exportó más de un millón de toneladas en 2010, la mayor parte al Asia, por un valor de mil 600 millones de dólares.

Cada año, cerca de 6 millones de toneladas métricas de anchoveta arriban a los muelles de más de 100 fábricas de harina de pescado en el litoral. Lo que sucede dentro de estas plantas es conocido sólo por el personal de esas compañías y los inspectores. Pero en setiembre último, IDL-Reporteros, reveló lo que se esconde detrás del cerco de estas fábricas: que en un año y medio se esfumaron entre las bodegas de los barcos y las balanzas de las fábricas, un poco más de 300 mil toneladas de anchoveta.

Estas miles de toneladas del “pescado fantasma” resultan de las discrepancias de más del 10% entre la pesca de anchoveta que declaran los patrones de las naves cuando llegan a los puertos,y lo que registran las balanzas.Esa pesca que se esfuma está valorizada en unos 200 millones de dólares si se convierte en harina.

Queda claro que las empresas no pagan derechos de pesca por las descargas de anchoveta que desaparecen, ni impuestos. Tampoco cuentan para la cuota de pesca de cada nave; y a su vez, los pescadores que ganan por tonelada capturada, reciben menos de lo que deberían cobrar.

Pero lo sorprendente no sólo está en los volúmenes, sino también que se trata de una irregularidad recurrente en la industria pesquera peruana: el 52% de los desembarques analizados por el ICIJ tienen diferencias por encima del 10% entre la pesca declarada y pesada, a pesar que según más de una decena de fuentes consultadas, entre ejecutivos de compañías, expertos, pescadores e inspectores, sólo es aceptable una discrepancia de hasta 10%. Más allá de eso ya resulta sospechoso.

La investigación fue posible a pesar de que el Ministerio de la Producción, que está a cargo del sector pesquero, negó durante cinco meses el acceso a la base de datos que registra la pesca de anchoveta por considerarla secreto de Estado.

La ley de cuotas por nave para la pesca de anchoveta que entró en vigencia en 2009 y que fue anunciada como el arma que permitiría limitar la sobrepesca y la corrupción, tampoco evitó este descontrol.

ICIJ obtuvo registros de desembarques de 2008 cuyo análisis demuestra que la mitad de las descargas en seis puertos tenía discrepancias por encima del 10 por ciento. La situación no pareció mejorar luego de que la nueva norma fue promulgada con el apoyo de las empresas más poderosas de la industria. Seis de las compañías que tienen descargas con mayores discrepancias antes de que se promulgara la ley, lograron que sus consultores intervinieran en la elaboración de la norma.

Si algo queda claro es que después de que se lotizara la pesca de anchoveta en cuotas, las irregularidades continuaron y en algunas temporadas parecen haber empeorado.

La investigación concluye que en el ranking de desembarques con mayores discrepancias, figuran las compañías más poderosas de la industria. Las naves de estas empresas desembarcan usualmente en sus propias plantas.

Por lo menos ocho de las empresas que controlan más del 60 por ciento de los derechos de pesca, tienen permanentes diferencias que superan el 10% y 20%, e incluso llegan al 50%.

Dos compañías de capitales peruanos encabezan el ranking de este análisis de más de 100 mil desembarques: Humacare, una compañía mediana que pertenece a la familia Muro;  y Exalmar, una de las más grandes del sector, de propiedad de la familia Matta Curotto. En el caso de Humacare, el 90 por ciento de sus desembarques tenían discrepancias que superan el 10 por ciento, mientras que esto mismo se detectó en el 88 por ciento de las descargas de Exalmar. En varias ocasiones, la mitad del pescado se había esfumado antes de llegar a las balanzas.

Raúl Briceño, gerente de operaciones de Exalmar, culpó de las discrepancias en el peso a los malos cálculos de los patrones de las embarcaciones, hechos en base a estimados visuales. En una respuesta escrita al ICIJ,  Exalmar también hizo notar que el pescado pierde líquidos y en consecuencia peso, cuando es trasladado de la embarcación a la fábrica. Humacare no quiso responder.

CFG Investment, subsidiaria del imperio de productos marítimos con sede en Hong Kong, Pacific Andes International Holdings, también aparece en el ranking, pero evitó dar su versión.

Otra de las compañías es Austral, que cuenta con capitales noruegos. “Diferencias del 20% nunca hemos tenido”, aseguró su gerente general Adriana Giudice. Pero esta investigación la desmiente.

Los hallazgos también alcanzan a dos de las empresas más poderosas del sector: Copeinca, fundada por la familia Dyer y con capitales noruegos, concentra más del 10 por ciento de la cuota global de pesca, y TASA, que tiene la mayor cantidad de cuota de la industria: 14 por ciento.

Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, el gremio empresarial más poderoso del sector, restó importancia a los hallazgos de las investigaciones. Él dijo que los estimados de los patrones de nave no pueden ser comparados con los registros de las balanzas. Ninguna de las compañías consultadas reconoció irregularidades cometidas en el pesaje.

Aunque las empresas Cerper y SGS que están a cargo de las inspecciones en los puertos no quisieron pronunciarse sobre el tema, algunos inspectores reconocieron de manera privada estos problemas y otros hablaron abiertamente de las irregularidades.

En la localidad norteña de Coishco, Úrsula Gutiérrez le dijo al ICIJ que sus colegas han detectado sellos de seguridad rotos en paneles de control que registran el peso en las fábricas y que evidencian manipulaciones.

El trabajo de  Cerper y SGS se desarrolla en medio de un gran conflicto de interés: estas compañías son pagadas directamente por las fábricas que inspeccionan y además se encargan de certificar la harina que será exportada.

La sucursal de SGS en el Perú, que pertenece a una importante certificadora trasnacional con sede en Suiza, es la empresa más poderosa en el mercado peruano en certificación de harina de pescado y tiene entre sus principales clientes a casi todas las compañías que son fiscalizadas.

¿Qué hay detrás de las enormes discrepancias detectadas? De acuerdo a una auditoría realizada por la empresa inspectora Cerper en agosto de 2009, para el Ministerio de la Producción, el 31 por ciento de las 16 balanzas inspeccionadas tenían serias evidencias de haber sido manipuladas. Según el documento, titulado “Informe Final, Programa de Auditoría, Tolvas de Pesaje a Empresas Industriales Pesqueras”, estas fueron las graves irregularidades:

• Indicios de manipulación de los software de pesaje. Entre varias otras irregularidades, se detectó que no se registraban todas las descargas de anchoveta.

Pero los resultados de esta auditoría, la única hecha hasta entonces, no fueron difundidos. El gobierno encarpetó el documento y no mejoró la seguridad del pesaje computarizado.

La auditoría tiene una historia oculta. Durante la inspección de Cerper solo se auditó las balanzas de siete fábricas, casi todas medianas o pequeñas, con excepción de una compañía grande, Copeinca, que también figura en el ranking de las altas discrepancias.

Pese a ello, el informe era no solo importante sino contundente, y llevaba inevitablemente a la pregunta, ¿por qué se hizo una muestra tan pequeña y se excluyó a compañías grandes, que concentran el mayor porcentaje de la pesca?

Antes de auditar las balanzas, Cerper hizo estudios de la primera temporada de pesca de 2009, que demostraban las diferencias anormales entre la pesca declarada y la pesada. Dicho análisis, que incluía a varias empresas grandes, fue entregado al ministerio de la Producción durante las gestiones de las ex ministras del gobierno de Alan García: Elena Conterno y Mercedes Aráoz.

Cerper estudió las diferencias en tres puertos: Huarmey, Chancay y Chimbote a pedido del viceministerio de Pesquería que recibió varias denuncias de pescadores por “robo en el peso” en las balanzas.

En la planta de Huarmey de la empresa Austral, por ejemplo, se detectó que las 137 descargas analizadas entre el 20 de abril y 12 de mayo de 2009, presentaban diferencias entre la pesca declarada y pesada del 10%, 15%, 20% e incluso por encima del 30%.  Esto confirma los hallazgos de esta investigación.

Ante esos resultados, en julio de 2009, según relata el gerente del programa de vigilancia de Cerper, Rolando Urban, su compañía recomendó al ministerio de la Producción inspeccionar todo el sistema de pesaje en las fábricas, sobre todo el software.

En todo el litoral hay alrededor de 180 balanzas. Por eso, la auditoría que proponía Sarmiento iba a lograr un alto grado de exactitud en el diagnóstico  del problema. Sin embargo, el ministerio de la Producción a través de la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia que entonces encabezaba el marino en retiro Raúl Ponce, informó a Cerper que sólo se auditarían 18 balanzas de ocho plantas, es decir el 16% de la propuesta inicial. Al final, apenas se auditó 16 balanzas en siete fábricas.

IDL-R accedió a un correo electrónico en el que se da cuenta de una reunión realizada el 3 de agosto de 2009 entre Ponce, su asesor Julio César Ruiz y los representantes de Cerper. Según este mensaje, dirigido a  Freddy Sarmiento, el Ministerio seleccionaría solo unas pocas plantas en los puertos de Bayóvar, Chimbote y Supe,  supuestamente como primer tramo del trabajo.

Pero lo cierto es que nunca se auditaron las demás balanzas de las fábricas con las altas discrepancias descubiertas.

“Dijeron que no había presupuesto para hacer el proyecto completo”, señaló Sarmiento. “Nosotros trabajamos en  las plantas que el ministerio dijo. No fuimos porque se nos ocurrió”, indicó a su turno Rolando Urban de Cerper.

Mientras que Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, consideró que la auditoría sólo demuestra que un pequeño grupo de plantas auditadas incurre en la manipulación y no se debe generalizar.

Quien era ministra de la Producción en esos días, Mercedes Aráoz, dijo que luego de conocerse las irregularidades que surgieron del examen, se habló con los industriales “para dictar medidas que permitieran un mejor control”. Pero, arguyó, que estuvo pocos meses en el cargo.

Cuando el presidente Ollanta Humala asumió el poder en julio pasado,  la entonces viceministra de pesquería, Rocío Barrios, dijo que algunos de los funcionarios del sector le ocultaron información sobre las discrepancias en la captura de anchoveta que reveló IDL-R. Varios funcionarios fueron despedidos y la procuraduría del Ministerio de la Producción denunció a algunos de ellos ante el Poder Judicial.

Kurt Burneo, el ministro de la Producción que estaba a cargo de la pesca hasta diciembre, denunció públicamente que había complicidad entre algunos funcionarios a cargo de supervisar los desembarques y las empresas inspectoras.

Más allá de las discrepancias en el peso, dijo que el gobierno encontró repetidas fallas en reportes de inspección que impedían a las autoridades imponer multas a las pesqueras. Una serie de irregularidades permitió a estas compañías apelar la mayoría de las multas.

Desde la quincena de diciembre hay un nuevo ministro: José Urquizo. Su viceministro encargado de Pesquería, Jaime Reyes Miranda, reconoció durante una entrevista con el ICIJ que existe un grave problema en las balanzas de las plantas harineras y que están analizando la forma de mejorar los controles del software de pesaje para que los registros de desembarque de anchoveta no sean manipulados.

Pero ya trascurrieron más de dos años desde que se encontraron las primeras evidencias de la alteración de las balanzas y nadie ha tomado acción.

Desde Chimbote, Javier Castro, un importante líder sindical pesquero, dijo que los sucesivos gobiernos han demostrado poco interés en proteger el recurso de la pesca y a los pescadores.“Tengo una desconfianza que viene de décadas. Nada cambia”, agregó. Pero si su experiencia respalda el pesimismo, cierto es que por primera vez se ha logrado determinar la dimensión del fraude.