Chimbote en Línea.- Una vez más fue reprogramada la audiencia de control de acusación que se sigue por el caso de las “fotopapeletas electrónicas”, durante la gestión del hoy preso exalcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Luís Arroyo Rojas.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Santa reprogramó la diligencia para el 4 de julio a las 2 y 30 de la tarde. Así lo decidió el juez Javier Carrión Bazauri luego de que la defensa legal de dos de los exregidores, Oswaldo Ávalos Angulo y Víctor Llanos Muñoz, ambos implicados en este proceso, no asistieran a la diligencia programada en horas de la mañana.

Otros de los exregidores acusados por la presunta comisión del delito de colusión son: Alberto Enríquez Namay, Henry Torres Romero, Katherine Moreno Alzamora, Norberto Aguilar Carranza, Adela Vásquez Córdova y Carlos Lynch Rojas.

La investigación también alcanza a la exjefe de Administración Tributaria de la comuna provincial, Carmen Villanueva Acosta y la representante legal de la empresa Zaikafer, Zaida Karina Fernández Morales, a quien se le benefició de forma directa, a través de una sesión de concejo con la concesión de este servicio. Accionar que fue muy cuestionado.

El representante de la Fiscalía, Mario Muñoz Villanueva se hizo presente a la audiencia donde iba a detallar cada uno de los hechos imputados contra estas personas y espera que esto pase a la etapa de juicio oral.

Para todos ellos, la Fiscalía solicita 4 años y diez meses de cárcel, salvo para la exregidora municipal, Adela Vásquez para quien el Ministerio Público pidió una pena de 3 años, pero que también sea efectiva. En tanto no se tomará en cuenta en este proceso al exconcejal, Gilberto Arellano Castillejo, quien falleció el año pasado.

La Procuraduría Anticorrupción del Santa pide como reparación civil 70 mil 127 soles, a favor del Estado. Hoy se supo que la defensa de Arroyo Rojas la asumiría una abogada de la Defensa Publica de nombre Nancy Mercedes Burgos.

Como es público, este  hecho se remonta al año 2012, cuando en sesión de concejo municipal, 9 regidores aprobaron concesionar el servicio de cobro de “fotopapeletas electrónicas” a la empresa Zaikafer, a pesar que no estaba dentro de sus funciones y que de lo contrario debió darse a través de un concurso público.

(Por: Milton Palpa)