Chimbote en Línea (Ideele).-.“Más vale tarde que nunca” reza el dicho. Hace tiempo que ya se sabía de las presuntas tropelías que el ex presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, y su presunta red mafiosa venían perpetrando y que habían convertido a dicha región en una suerte de “zona liberada”, pero no por el terrorismo (como en el pasado), sino por el sicariato y la corrupción.

Denuncias periodísticas no atendidas, investigaciones parlamentarias truncas, investigaciones fiscales presuntamente digitadas y testimonios de opositores amenazados, eran indicios suficientes que ameritaban –desde hace buen tiempo– la intervención de las autoridades que recién se han puesto las pilas luego del asesinato de varias personas y del robo de cientos de millones soles.

En esta revista y otros medios se han hecho numerosos y certeros balances políticos sobre “el caso Ancash”. Así que lo que haremos en este artículo es analizar brevemente el impacto que el caso ha tenido en el sistema de justicia, al que esta presunta red de corrupción habría logrado anestesiar y –en gran medida- neutralizar.

Ministerio Público

Antes de la detención del ex presidente regional de Ancash, ninguna denuncia penal contra él, o sus cómplices, había prosperado en el Ministerio Público; por el contrario, la opinión pública y la prensa habíamos asistido a una declarada pugna entre fiscales supremos para ver quién era elegido nuevo Fiscal de la Nación. Contra viento y marea resultó elegido el fiscal Carlos Ramos Heredia, a pesar de serios cuestionamientos y denuncias periodísticas, entre otras, precisamente su posible vinculación al presidente regional ahora caído en desgracia; como Jefe de control interno, Ramos pidió abrir una investigación penal contra los fiscales que allanaron (frustradamente) la llamada “Centralita”.

Por su parte, el ex fiscal de la Nación José Luis Peláez Bardales tampoco está libre de polvo y paja, pues contrató en la oficina de prensa de la fiscalía de la nación a un ex servidor de Álvarez. A su vez, ambos tendrán que explicar ante las instancias correspondientes por qué mantuvieron por tanto tiempo como fiscal decano de Chimbote al cuestionado fiscal Dante Farro, señalado por muchos testimonios como un verdadero alfil de Álvarez dentro del Ministerio Público.

Sin embargo, al parecer la caída de Álvarez ha dado nuevos bríos a las fiscalías de crimen organizado, las mismas que ahora sí están haciendo su trabajo, coordinando acciones con otras instituciones en este caso y hasta solicitando al poder judicial la detención no sólo del presidente regional sino de parte de sus supuestos cómplices. No nos cabe la menor duda que toda esta actuación cuenta –por lo menos por ahora- con la bendición del nuevo Fiscal de la Nación y también de su antecesor, que ahora está al frente del órgano de control interno.

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)

Otra de las instituciones que habría sido filtrada por esta red de corrupción según diversos indicios y testimonios, es el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esto es especialmente grave porque es la institución que decidía quién ingresaba y quién salía del Ministerio Público y del Poder Judicial en la región Ancash; por ejemplo, el cuestionado fiscal Dante Farro fue increíblemente ratificado en su cargo a pesar de serios cuestionamientos y denuncias en su contra, precisamente, por sus presuntos vínculos con la red de corrupción de Álvarez.

Uno de los consejeros que votó a favor de Dante Farro fue Gastón Soto Vallenas (además de Paz de la Barra y Maezono Yamashita), que hoy es uno de los candidatos a Defensor del Pueblo.
Luz Marina Guzmán
Por otro lado, la consejera Luz Marina Guzmán fue aliada política del presidente regional y tiene una seria denuncia nunca debidamente esclarecida de presunto fraude en su elección como consejera.

Por su parte, se sabe con certeza que el Estudio de abogados Paz de la Barra ha asesorado a varios miembros de esta red de corrupción; el referido consejero asegura que el Estudio ya no le pertenece sino a su hijo y que él no sabe, no ve, no oye nada; pero ello deberá ser materia de exhaustiva investigación parlamentaria y judicial.

También existen sospechas que el CNM habría “arreglado” la elección del nuevo Fiscal de la Nación, a través del nombramiento de dos nuevas fiscales supremas que, coincidentemente, votaron por él; para esta operación, una pieza clave habría sido el consejero Máximo Herrera, quien fuera nombrado a ese cargo gracias al padrinazgo –nuevamente coincidencia- de la dupla Ramos Heredia y Peláez Bardales y el apoyo del entonces presidente de la Comisión de selección y nombramiento, el consejero Paz de la Barra.

Pero ahora con Álvarez caído en desgracia, también parece haber entrado aire fresco en el CNM pues denuncias destinadas al archivo, de pronto han concitado el interés fiscalizador de estos consejeros; por ejemplo, denuncias formuladas por el IDL en contra de los fiscales supremos Peláez Bardales y Ramos Heredia han sido admitidas a trámite, algo impensable hace tan sólo un par de meses.

Con el actual CNM resulta incierto si finalmente serán destituidos o no, pero lo que sí es un hecho es que los consejeros Paz de Barra, Guzmán y Herrera ahora están muy empeñados en demostrar su inocencia; muestra de ello son sendos comunicados publicados en el diario “El Comercio” en el caso del primero, y en la página web del CNM en el caso de los otros dos.
Por otro lado, no hay mal que por bien no venga. Esta repentina impronta por deslindar responsabilidades y mostrarse independientes, también se ha reflejado en la defensa que el pleno del CNM recientemente ha hecho de sus competencias, ante el intento del Tribunal Constitucional (TC) de designar directamente a dos fiscales supremos vía procesos de amparo.

Como más o menos quedó claro en el debate público que se armó en torno a este enfrentamiento TC-CNM, el control constitucional que legítimamente puede ejercer sobre cualquier acto público o privado en defensa de los derechos fundamentales (principio de “interdicción de la arbitrariedad”), en el caso del CNM no puede suponer usurpar sus funciones constitucionales, ocupar su lugar y designar directamente a jueces y fiscales; por eso es que se habló de una suerte de intento de “golpe de Estado” que tres magistrados –ahora ex magistrados- del TC habrían perpetrado en contra del CNM.

Al respecto, esta y otras polémicas decisiones de estos ex magistrados Carlos Mesía, Eto Cruz y Álvarez Miranda, también deberían ser seriamente investigadas por el nuevo TC. Compartimos la sospecha de muchos que se habrían cometido serias irregularidades en varios casos millonarios; por ejemplo, borraron de un plumazo la deuda tributaria de 117 millones de soles que Panamericana TV mantenía. Una muestra de ello es que el actual Presidente del TC –Óscar Urviola- desde hace un buen tiempo a veces votaba en solitario en contra de esta mayoría de magistrados con mandato vencido.

Si bien estas serias irregularidades en el TC no necesariamente están vinculadas al “affaire Álvarez”, el remezón que ello supuso en el Parlamento –junto con el conflicto entre el TC y el CNN-, creemos que ha puesto su cuota para sacar del letargo parlamentario decisiones tan importantes como la designación de los nuevos magistrados del TC.

Desde que César Álvarez cayó en desgracia, varias cosas que estaban paralizadas o adormecidas en el Parlamento, el Ministerio Público, el CNM y el TC han comenzado a avanzar.
Parlamento y Tribunal Constitucional

El Parlamento en más de dos años no había sido capaz de nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, ni investigado las denuncias respecto de los tentáculos ancashinos en el Ministerio Público, el CNM y el propio Parlamento. Sin duda, un personaje que fue clave para esta inacción parlamentaria es el congresista Heriberto Benitez, quien públicamente ha declarado que pone las manos al fuego por Álvarez.

Ahora, una comisión presidida por el congresista Mesías Guevara viene investigando esta red liderada por el ex presidente regional. Como parte de los que serán interrogados, están los consejeros del CNM Paz de la Barra, Guzmán y Herrera (quienes han sido citados a declarar) y, probablemente, también lo serán los fiscales supremos Peláez Bardales y Ramos Heredia.

Asimismo, el pasado 21 de mayo el pleno del Parlamento por fin eligió a los nuevos seis magistrados del TC, que reemplazan a personas muy cuestionadas y cuyos periodos habían vencido hacía mucho (a uno de ellos le faltaba poco para cumplir otros cinco años como magistrado… pero provisional). A pesar de nuestra inquietud que pueda ser un tribunal conservador por la orientación ideológica de algunos de sus integrantes, todo parece indicar que será un TC más confiable y más decente que el anterior y eso, en las actuales circunstancias, ya es bastante.

Impunidad y limpieza

Como se puede apreciar de este apretado recuento de hechos desde que César Álvarez cayó en desgracia, varias cosas que estaban paralizadas o adormecidas en el Parlamento, el Ministerio Público, el CNM y el TC –por desdén, temor o involucramiento directo con redes de corrupción-, han comenzado a avanzar. Sin duda, es un hecho positivo que hay que reconocer a un sistema de justicia que, hasta hace poco, se había mostrado indolente –y hasta cómplice en el caso del Ministerio Público- frente a lo que venía ocurriendo en Ancash.

¿Por qué las mismas autoridades del Ministerio Público y CNM, que antes no movieron un dedo para investigar estos hechos, ahora se muestran diligentes? La respuesta, creemos, es que estas autoridades han iniciado una “operación limpieza”: ante la inminencia que el escándalo Álvarez les termine salpicando; prefieren curarse en salud e impulsar diligentemente investigaciones penales o disciplinarias, con el propósito subalterno de evitar o neutralizar futuras investigaciones en contra de ellos. Ello nos genera las siguientes reflexiones finales:

o Nada ni nadie pudo con la desidia parlamentaria por nombrar o fiscalizar, ni con la actuación sospechosa del Fiscal de la Nación –del anterior y del actual-; tampoco se pudo hacer nada en contra de decisiones cuestionables del CNM. Las denuncias periodísticas y la participación ciudadana de organizaciones como IDL se chocaban contra un muro hecho de una mezcla de desidia, temor y complicidad.

o Pocos podíamos haber imaginado que el detonante para que el Parlamento, el Ministerio Público y el CNM comiencen a hacer su trabajo, no sería un nuevo impulso reformador o renovador de la justicia en el Perú, sino el caso de César Álvarez. “El azar en la historia” como diría Basadre.

o Las investigaciones en curso en el Parlamento, el Ministerio Público y el CNM en contra de varios implicados en esta red de corrupción, deben seguir su curso pero con la estrecha vigilancia de la prensa independiente y la opinión pública. Debido a que algunas de estas investigaciones no son resultado de autoridades de gran credibilidad sino, por el contrario, de autoridades muy cuestionadas, hay que estar muy alertas que las mismas sólo sean un amago, un engaña muchachos, para sortear investigaciones en contra que, una vez neutralizadas, hagan que las primeras pierdan impulso y se pierdan en los laberintos de la prescripción.

o Finalmente, compartimos la sospecha de muchos que los tentáculos de esta red de corrupción se extendían (¿se extienden?) hasta el Ministerio Público, el CNM y el Parlamento. Todas y cada una de las autoridades cuestionadas deben ser profundamente investigadas y su posible complicidad con César Álvarez y sus colaboradores debe ser sancionada. Sería una nueva decepción ciudadana con la justicia que ninguna de estas autoridades sea finalmente destituida, procesada o inhabilitada. Sería un nuevo mensaje de impunidad. (Por: David Lovatón - Abogado PUCP)