Chimbote en Línea. - El procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, calificó como un exceso el comunicado emitido por el Ministerio Público en contra del medio de comunicación digital Chimbotenlinea.com por la publicación “Los Chacales del Desierto” implicados en sicariato, extorsiones y tráfico de terrenos en Nuevo Chimbote, fundamentando que es “una exposición deliberada de la investigación preliminar que tiene carácter reservado de una presunta organización criminal”.

“Me ha sorprendido ese comunicado y un exceso de parte del Ministerio Público. Al contrario, la actual presidenta debería verificar los errores de la Fiscalía en vez de entrar en ese punto de confrontación con la prensa que es el único que va informar los hechos regulares e irregulares”, pronunció.

Respecto a la investigación, el representante del Estado. “Si bien es cierto el Código de Procedimientos Penales o Nuevo Código Procesal Penal señala que toda información es reservada, también tiene sus parámetros y límites. No hay derechos absolutos, existe dos principios fundamentales, el de reserva de la investigación y reserva del derecho constitucional de opinión, más aún el de la libertad de prensa”, remarcó.

También puntualizó en si el medio de comunicación hubiese informado o desnudado las estrategias de la Fiscalía o alguna intervención que realizaría mañana o pasado se podría considerar afectación y “en este caso vemos que pretenden amordazar a la prensa y por ese lado no va”, anotó.

Recordó que un caso de infidencia se dio en Áncash con el caso de la trabajadora judicial que filtró información previa al allanamiento del inmueble conocido como La Centralita, donde se gestaban actos irregulares.

Dijo que era una investigación reservada, pero se reveló la estrategia de la investigación fiscal es por ello que se tomaron acciones legales. Reiteró que en esta publicación del portal digital no se puede hablar de una investigación reservada porque desde que se asigna el número de carpeta se conoce al investigado y peor todavía cuando se notifican a los abogados de las partes.

Mencionó que si era tan necesaria la reserva de la investigación, el fiscal tiene toda la potestad de emitir una disposición dada por reservada la investigación por determinado tiempo y tuvo que haber previsto.

“El periodismo está amparado a principios constitucionales y derecho opinión, el derecho de obtener información y de reservar sus fuentes, como secreto profesional”, subrayó el abogado.

En ese sentido el procurador consideró que al emitir un comunicado público advirtiendo de sanciones penales, civiles y hasta administrativas se estaría incurriendo en una mordaza jurídica.

“Es decir te coacto o amenazo mandando un comunicado y anunciando iniciar acciones legales. Hay juristas que determinan sobre este caso que estaríamos induciendo a un delito de coacción. El Ministerio Público tuvo que buscar un deslinde responsabilidades, pero no coactar o amenazar”, agregó. (Redacción Central)