Chimbote en Línea.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) acordó implementar una serie de acciones tendientes a lograr una eficiente y eficaz aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado, que entró en vigencia a partir de hoy.

En ese sentido, dispuso la creación de 60 juzgados y salas especializados para los delitos de crimen organizado en las Cortes Superiores donde aún no está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal (CPP) en su integridad como Apurímac (4), Ayacucho (4), Callao (8), Huancavelica (2), Junín (4), Lima (13), Lima Sur (9), Lima Norte (7) y Lima Este (3), así como en la Sala Penal Nacional (6).

Sin embargo, la implementación de estos órganos jurisdiccionales está supeditada a la transferencia de recursos financieros que efectúe el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Poder Judicial.

En tanto, el CEPJ resolvió encargar a los juzgados y salas que investigan los procesos penales por delitos de corrupción de funcionarios de las Cortes Superiores de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Callao, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín, que tramiten también, en adición a sus funciones, los procesos relacionados con crimen organizado.

En el caso de la Corte Superior de Lima Este, se encargó a los órganos jurisdiccionales penales que tienen a su cargo los procesos tramitados con el Código de Procedimientos Penales de 1940, hasta la asignación presupuestaria.

Delitos

Entre los delitos que se juzgarán desde hoy con el nuevo Código Procesal Penal (CPP) por mandato de la norma, figuran el homicidio calificado, asesinato, secuestro, tráfico ilícito de drogas, de migrantes, delito de marcaje y reglaje, violación del secreto de las comunicaciones, trata de personas.

Asimismo, estafa, pornografía infantil, extorsión y delitos informático; tenencia, fabricación y tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; delitos ambientales, genocidio, desaparición forzada y tortura, lavado de activos, terrorismo, delitos tributarios, entre otros, cometidos por una organización criminal.

El Equipo Técnico Institucional de Implementación del CPP en el PJ, que preside el juez superior titular Bonifacio Meneses Gonzáles, desarrolló un intenso programa de capacitación de jueces y personal jurisdiccional sobre los alcances de la referida ley y lograr una correcta, eficiente y eficaz aplicación.

Entre las innovaciones más resaltantes de la Ley contra el Crimen Organizado se menciona que los cabecillas de las organizaciones criminales y sus financistas que utilicen menores de edad o armas de guerra, recibirían hasta 35 años de prisión y no tendrán beneficios penitenciarios.

Además, se implementará un sistema informático que almacene toda la información correspondiente a los internos vinculados a una organización criminal con un registro detallado de las visitas que reciben.

Asimismo, introduce técnicas especiales de investigación, tales como la interceptación postal e intervención de las comunicaciones, el agente encubierto, el seguimiento y la vigilancia, y establece la obligatoriedad de colaboración de todas las personas e instituciones públicas y privadas para perseguir e investigar a las organizaciones criminales. (Andina)