Chimbote en Línea.- El diario la República informa de la disposición del  juez penal nacional Marco Tejada Ortiz , quien ordenó el  bloqueo, inmovilización y levantamiento del secreto bancario de 35 cuentas en bancos  nacionales de los integrantes de la presunta organización de  los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.

Además, autorizó el descerraje, allanamiento e intervención de siete empresas del Grupo Orellana, que según la hipótesis de la investigación fiscal estarían siendo utilizadas como instrumentos del delito. En este caso se autorizó la incautación de bienes, documentos, libros contables, equipos informáticos y todo aquello que, de encontrarse dentro de los inmuebles de las empresas, tenga vinculación con el delito.

Estas empresas son Orellana Asesores Consultores, Abogados Peruanos Asociados, Delta Liquidadores y Consultores, Inversiones y Consignaciones San Antonio, Corporación Bioquímica Internacional, Juez Justo TV y Cooperativa de Ahorros y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex).

VAN DOS DETENIDOS
El juzgado penal nacional tomó la decisión de intervenir las cuentas y empresas, en la misma resolución, fechada el 30 de junio, en la que se dictó orden de detención preliminar de Rodolfo Orellana y otros 19 colaboradores.

Hasta el momento, la policía solo ha podido detener al coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, supuesta cabeza del brazo de amedrentamiento de esta organización ilícita, y  Jorge Cortez Martínez, pieza principal en las inversiones que se habrían realizado en Panamá y Colombia.

Cortez Martínez se había apropiado, mediante prescripción adquisitiva de dominio, de tres inmuebles en la avenida Argentina, que luego traspasa a su empresa Reswar Corp, que a su vez la alquila a su otra empresa Corporación Bioquímica Internacional.

PANAMÁ Y COLOMBIA

Además, la resolución judicial indica que Cortez Martínez ha constituido junto a sus hijos Jorge Antonio y Ruth Nancy Medina Becerra las empresas Reswar Corp y Silver Venture Investment en Panamá, que tienen como representante a William Marchesi Oviedo, quien viene a ser su cuñado, esposo de Edith Esther Cortez Martínez.

Marchesi también representa a la empresa Pastol, que tiene como apoderado especial a Hernán Villacrez Torres, personaje que según el reporte de la UIF está vinculado al narcotráfico.

Villacrez Torres habría realizado depósitos en efectivo en las cuentas bancarias del procesado por narcotráfico Róger Javier Poémape Chávez. Es de recordar que Poémape fue mencionado por Wilbur Castillo como el financista del chuponeo en el Callao, en el que estuvieron involucrados el ex futbolista Roberto Martínez y el alcalde chalaco Juan Sotomayor.

SE BUSCA

De acuerdo con el mandato judicial, la policía viene buscando a nivel nacional a Rodolfo Orellana y su hermana Ludith. Las autoridades sospechan que no ha salido del país y que en cualquier momento podrán ser capturados.
La fiscal Marita Barreto Rivera confirmó que el juez también ha dispuesto el impedimento de salida del país de todos los integrantes de esta organización, por 15 días, contra los que se ha dictado orden de detención.

Según la fiscalía, Rodolfo Orellana y su hermana Ludith Orellana liderarían "una compleja organización criminal" que perpetra delitos de lavado de activos: lavado de "aparentes derechos de propiedad inmueble" (títulos de dominio) y lavado de "aparentes derechos de crédito" que les generan ingentes sumas de dinero.

En las investigaciones, indica la fiscalía, se advierte "una conducta reiterativa de los investigados para hacerse de bienes que, si bien tienen un propietario o posesionario, mediante actos dolosos" logran pasarlos a su esfera de control, "para luego ser transferidos a una primera, segunda o tercera persona, sea natural o jurídica, cuyo patrimonio está siendo administrado por empresas liquidadoras controladas por los hermanos Orellana, todo lo que culmina "con el ingreso de grandes sumas de dinero en diversas cuentas bancarias".

Así, precisa la fiscalía, lograron hacerse de cinco terrenos del Ministerio de Educación bajo un presunto proceso de adjudicaciones y sucesivas transferencias mediante documentos falsos, entre otros casos, como lo sucedido con los inmuebles Plaza de Toros, camal de Yerbateros, Cervatel y el Scotiabank.

APARATO DE TERROR
La resolución judicial también describe las funciones que dentro de la organización estaría cumpliendo, según la fiscalía, Benedicto Jiménez, coronel PNP (r) y director de Juez Justo.

"La organización liderada por Orellana contaría también con un aparato de amedrentamiento a fin de infundir temor a la población. Para ello, por intermedio de "Juez Justo" ataca a diversas personalidades del país que denunciaron o investigan los actos que hoy son materia de investigación, causando zozobra en la población".

"Estos hechos estarían liderados por el brazo derecho de Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez, quien además de ser socio o representante de algunas de las empresas del líder de la organización, al ser ex integrante del GEIN conocería de estas acciones temerarias", precisa la fiscalía.
Todo lo cual, dice, evidencia que se estaría ante una siniestra organización, en la que cada uno cumple sus roles conforme a una determinada estructura organizativa, destinada a cometer delitos que ahora se van a investigar.

FISCALÍA PODRÍA AMPLIAR LOS PEDIDOS DE DETENCIÓN PRELIMINAR

El próximo lunes, a partir de las 10:00 de la mañana, en la sala Bolognesi del Congreso será instalada la comisión especial que investigará al abogado y empresario Rodolfo Orellana Rengifo por un plazo de 180 días.

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Vicente Zeballos Salinas (SN), consideró que el legislador Víctor García Belaunde (AP-FA) es la persona más idónea para presidir el referido grupo investigador.

"Él tiene un mayor nivel de conocimiento de los hechos públicos. Creo que es la persona más adecuada para poder llevar adelante el proceso investigatorio", refirió Zeballos.
Mientras tanto, el vocero y editor de la revista "Juez Justo", Carlos Camacho, anunció que el prófugo Rodolfo Orellana no se entregará a las autoridades y apelará la orden de detención en su contra. "Él considera que no hay garantías para un proceso imparcial", enfatizó Camacho. (Fuente: La República)