Chimbote en Línea (Nacionales)-La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N° 120, correspondiente al mes de febrero de 2014, el cual da cuenta –entre otros aspectos- que durante ese período se registraron 212 conflictos sociales, uno menos en relación al mes anterior.

También informa sobre cuatro conflictos resueltos y del surgimiento de tres casos nuevos, ubicados en las regiones de Lima (Lima Provincias), Arequipa y Cajamarca.Según el documento, del total de conflictos sociales registrados a nivel nacional, 166 de ellos se encuentran en estado activo y 46 en latencia. Cabe indicar, que Áncash (24), Apurímac (22) y Puno (18) continúan siendo las regiones que concentran la mayor cantidad de conflictos sociales.

Es importante poner en relieve que durante el mes de febrero, en Arequipa, dos personas perdieron la  vida: Pedro Flavio Ccarita Ccarita (63) y Elena Gallegos Mamani (35), en el contexto de la ocupación por parte de un sector de la población de unos terrenos del Proyecto Especial de Irrigación Majes Siguas II. Así mismo, se registraron 18 personas heridas entre civiles y policías.

Los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos con 136 casos, por segundo mes consecutivo en lo que va del 2014. La actividad minera es la más vinculada a la conflictividad con el 49% del total de casos registrados. Los conflictos por esta actividad se concentran en la regiones de Áncash (18 conflictos), Apurímac (15), Cajamarca (12), Puno (09) y Ayacucho (07).

Durante el período que nos ocupa, se registraron tres conflictos nuevos: dos socioambientales y uno por otros asuntos. Un primer caso se ubicó en Cajamarca, los pobladores de los distritos de Sexi, Llama, Querocoto, Querocotillo y Huambos demandan la suspensión inmediata de las actividades de la compañía minera Troy S.A.C., así como la nulidad de sus concesiones mineras y la intervención de la Dirección Regional de Energía y Minas por el incumplimiento de compromisos y la afectación a la intangibilidad de zonas arqueológicas.

El segundo conflicto, se ubicó en Lima Provincias. Los representantes de la Comunidad Campesina de Cajamarquilla expresaron su disconformidad con las actividades de exploración y explotación minera que estaría realizando la empresa minera Aurora del Norte S.A.C. Señalaron, además, que la actividad de esta empresa afectaría sus terrenos agrícolas, sus canales de agua y que habrían ingresado a sus tierras sin informar sus actividades. En el tercero, que se presentó en Arequipa, se produjo la muerte de dos personas, tal como se ha señalado líneas arriba.

El Reporte señala que en febrero se resolvieron cuatro conflictos. Dos conflictos socioambientales, uno por asuntos de gobierno local y uno de tipo laboral. En el primer caso la Comisión de Regantes de Parón, en Áncash, se oponía a la realización de descargas de la laguna de Parón por parte de la empresa Duke Energy. Tras un proceso de diálogo iniciado desde septiembre de 2012 con la participación de las entidades del Estado, empresa y la Comunidad Campesina Cruz de Mayo, se logró la resolución del conflicto consiguiendo la regulación de descargas y conformando un comité de monitoreo para dar seguimiento a los acuerdos.

El segundo caso resuelto se ubica en Apurímac. En esta región, los comuneros de Huaquirca argüían que el convenio suscrito con la empresa Anabi S.A.C. tuvo irregularidades tanto en su contenido como en el proceso de aprobación. El conflicto se superó con la suscripción del Convenio Marco, el mismo que está en trámite ante los Registros Públicos. De esta forma se restablecieron las relaciones armoniosas entre la comunidad y la empresa.

El tercer caso resuelto se ubica en Lima, provincia de Barranca. Aquí las autoridades y pobladores de la provincia de Barranca demandaron el cumplimiento de la Ley N° 29631 “Ley de transferencia a título gratuito del predio rural terreno rústico, denominado Buena Vista o Los Anitos, de propiedad de la Beneficencia Pública de Lima, a favor de la Municipalidad Provincial de Barranca”. Con la aprobación de la ley de transferencia del predio rural “Los Anitos” a favor de la Municipalidad Provincial de Barranca, se resolvió el conflicto.

El cuarto conflicto resuelto es el que sostenían los trabajadores de la compañía minera Raura S.A. en Huánuco, quienes exigían la reposición de trabajadores despedidos y mejoras en las condiciones laborales. La empresa atendió las demandas al optimizar las condiciones laborales referidas con mejoras en la alimentación y la reposición de trabajadores despedidos.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo muestra su preocupación frente a las anunciadas manifestaciones de protesta, entre ellas, la “Marcha Minera de los 4 Suyos” convocada por las diferentes federaciones y gremios que agrupan a los mineros informales a nivel nacional para este 20 de marzo, con la finalidad de exigir al Estado atender los diversos problemas que existen dentro del proceso de formalización.

A casi un mes de concluir el plazo para dicha formalización, se ha identificado como principales problemas la falta de acuerdos entre los titulares de las concesiones mineras, los dueños de la tierra superficial y los mineros informales, así como la presentación del instrumento de Gestión Ambiental Correctiva y los problemas de funcionamiento de la Ventanilla Única en diversos departamentos, entre otros. Según el Reporte 120, existen 25 conflictos sociales vinculados a la minería informal (21 activos y 4 latentes), los que se ubican en Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Áncash, Ayacucho, Ica, La Libertad, Piura, Madre de Dios, Lima y Puno
(Fuente www.defensoria.gob.pe)