Chimbote en Línea (Nacional).- La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 112, correspondiente al mes de junio del 2013. El mismo que da cuenta de un total de 223 conflictos sociales, 170 activos (76,2%) y 53 en estado latente (23,8%).

Durante este período Áncash (30), Apurímac (24) y Puno (17), son los departamentos con la mayor cantidad de conflictos sociales.
El Reporte indica que los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos con 145 casos (65,0%), que comparado con el mes anterior (149) registra una disminución. En esta categoría, la minería continúa siendo la actividad más vinculada a la conflictividad, con el 72,4% (105 casos), le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 12,4% (18 casos).

A continuación, se da cuenta que el segundo tipo de conflicto con mayor número de casos corresponde a los asuntos de gobierno local con 20 casos (9,0%); y el tercero tiene que ver con demarcación territorial, con 14 casos (6,3%).

También se informa sobre seis conflictos sociales nuevos. Dos de ellos socioambientales, referidos a minería informal: el primero, ocurrido en la provincia de Caravelí, Arequipa, en el que pobladores se oponen al plan de cierre de la mina Ishihuinca de la Cía. minera Buenaventura S.A.A.; y el segundo en Apurimac, en el que la comunidad de Collpa se niega a las actividades minero informales que desarrolla un sector de pobladores, acusados de hacerse pasar como comuneros de Pucuta en terrenos cuya titularidad es de Collpa.

Se registra, además, un conflicto por asuntos de gobierno local, en el que las autoridades y los pobladores de la provincia de Barranca demandaron el cumplimiento de la Ley N° 29631, Ley de transferencia a título gratuito del predio rural, denominado Buena Vista o Los Anitos, de propiedad de la Beneficencia Pública de Lima, a favor de la Municipalidad Provincial de Barranca.

En las protestas ocurridas el 4 de julio, el joven Kenllu Jairo Sifuentes Pinillos (22) perdió la vida víctima de un disparo de arma de fuego. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo registra un conflicto laboral sobre la Ley de Servicio Civil y dos conflictos surgidos a raíz de proyecto de la Ley Universitaria y el reclamo de los ronderos y campesinos de la provincia de Sánchez Carrión que demandan al Poder Ejecutivo más atención a los problemas de desarrollo.

El Reporte –también– da cuenta de seis conflictos resueltos. De ellos, cuatro son de naturaleza socioambiental. El primero ocurrió en Ayacucho, donde las comunidades de Retama y Qoyama acordaron suscribir una adenda a través de la cual modifican el contrato de establecimiento de servidumbre por mutuo acuerdo con la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A.

En el segundo caso, las autoridades del centro poblado de La Islilla – Piura exigían a la Empresa Andalucita S.A. el cumplimiento de los acuerdos; lo que se materializó cuando la empresa cumplió con los proyectos comprometidos.

El tercer caso solucionado se encuentra en Huancavelica, en el que los comuneros de Ocoyo lograron un acuerdo con la Cía. minera Buenaventura S.A.A. para la ejecución de un conjunto de compromisos sociales, ambientales y económicos. El cuarto caso socioambiental resuelto se ubica en Puno, donde pobladores del distrito de Ocuviri lograron la ratificación del convenio marco con la empresa minera Arasi S.A.C. por 7 millones 500 mil Nuevos Soles.

Además, se reporta un conflicto resuelto por asuntos de gobierno regional en Áncash, donde la comunidad campesina de Cajacay logró un acuerdo para la ejecución del proyecto de irrigación, a través de un convenio tripartito entre el Ministerio de Agricultura, la empresa minera Antamina y el Gobierno Regional.

Finalmente, se da cuenta de la solución del conflicto por asuntos de gobierno local en Junín, donde la EPS Mantaro logró la independización del servicio de agua para el distrito de San Jerónimo de Tunan una vez que la municipalidad cumpla los requisitos exigibles para la obtención de la licencia de uso de agua ante el ALA.

Con relación a las competencias para la atención de los conflictos por parte de las entidades estatales se indica que, la obligación principal recae en el Gobierno Nacional en 141 casos (63,2%), seguido por los Gobiernos Regionales en 50 casos (22,4%) y los Gobiernos Locales en 19 casos (8,5%).

Cabe destacar que, durante el mes de junio, 82 casos (48%de los casos activos) continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo. En 47 de ellos la modalidad de atención es a través de mesas de diálogo y Comisiones de Alto Nivel. La Defensoría del Pueblo participa en 37 de ellas. (Fuente: web Defensoría del Pueblo)