Chimbote en Línea (Especiales).- El problema de la inseguridad ciudadana es un tema muy discutido por nuestras autoridades locales y regionales durante estos últimos años, aunque poco o nada se ha hecho para solucionarla.

No obstante, se trató de realizar “grandes esfuerzos” por aminorar esta situación, que tuvo como resultado 92 crímenes por encargo durante el año 2013, y la sensación en los ciudadanos de estar expuesto a ser víctima de los delincuentes.

Si se pretende enfrentar esta problemática, desde una perspectiva lateral, sin tomar en cuenta una visión integral que contemple acciones directas con la realidad en la que nos vemos inmersos, podría convertirse en otra tarea pendiente más de las autoridades.

Si comenzamos analizando la palabra “delincuencia”, ésta nos puede llevar a reflexionar sobre las causas que conllevan a cometer actos ilícitos o delitos contra la integridad de las personas; muchos de los casos debido a la falta de empleo y oportunidades, la falta de valores, la incursión en los vicios, la marginación, los ambientes inadecuados donde se desarrolla cada individuo, etc.

Entonces ¿cuánto nos falta por hacer? y ¿quiénes asumiremos esta responsabilidad para la ejecución de este trabajo? ¿Acaso sólo es de exclusividad de los gobernantes y la Policía Nacional? Es necesario que la población se involucre con propuestas certeras para la elaboración de planes estratégicos que conlleven a enfrentar esta situación que cada día resquebraja nuestra sociedad.

En el reciente foro denominado "Seguridad riudadana, responsabilidad compartida", realizado en Chimbote, se presentaron una infinidad de propuestas de parte de los expositores y público asistente (dirigentes vecinales y tenientes gobernadores).

Las conclusiones apuntaron a diferentes temáticas como: la necesidad de implementar programas para la atención de personas afectadas con problemas de alcoholismo, drogadicción, incluso con aquellos contagiados de VIH, manifestado por el trabajo sexual que se realiza en las calles.

Se remarcó fortalecer los niveles de coordinación para que los operativos realizados en los locales informales tengan mayor efectividad, ya que a pesar de las inspecciones estos continuaban operando en la misma condición, generando incomodidad a los habitantes de cada zona.

Por su parte la Defensoría del Pueblo recomendó considerar la implementación de los turnos de atención al público en la Municipalidad Provincial del Santa. Con esto se busca establecer las líneas de emergencia para la atención de las denuncias de carácter administrativo, durante toda la semana, con la finalidad de que las intervenciones sean directas y en el momento oportuno. (Por: Milton Palpa – Publicado en el diario diocesano MARADENTRO)