Chimbote en Línea (Andina) El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, demandó una estricta vigilancia a fin de evitar que las autoridades municipales y regionales utilicen recursos públicos para financiar sus campañas con miras a una eventual reelección.

Sostuvo que los recursos para la campaña electoral deben provenir del propio partido político, de su militancia, o de los aportes de personas naturales y/o jurídicas, pero de ninguna manera deben aprovechar su condición de autoridades para disponer de recursos del Estado.

"Esos aportes los debemos fiscalizar. Cualquier organización política que se presente (a una reelección) debe ser lo más transparente posible. Debe haber una vigilancia estricta de los recursos si la autoridad pretende ir a la reelección", dijo a la Agencia Andina.

De esta manera, Cucho Espinoza se sumó al llamado formulado días atrás por el presidente Ollanta Humala a los alcaldes de la región Amazonas para que no empleen fondos públicos en sus campañas reeleccionistas, porque la Contraloría y la Fiscalía cautelaran esos recursos.

En ese sentido, el titular de la ONPE saludó que iniciativas como la campaña "Postula con la tuya", lanzada por la Contraloría General de la República para detectar si autoridades, funcionarios o servidores públicos hacen uso indebido de recursos o bienes del Estado para fines electorales.

"La Contraloría hizo un análisis profundo y considera que los aportes (para toda campaña reeleccionista) son de los militantes", expresó Cucho, al coincidir en que el uso de fondos públicos para esos fines está terminantemente prohibido.

Según las normas vigentes, no se puede utilizar vehículos oficiales, locales públicos, dinero de la caja chica, computadoras, impresoras, teléfonos, medios de comunicación, páginas web, correos electrónicos, entre otros bienes o recursos del Estado a favor o en contra de algún candidato.

Las autoridades tampoco pueden obligar al personal de su institución a participar en la campaña electoral, en apoyo o en contra de una determinada candidatura.

Además, las sanciones para quienes transgredan las normas van desde una multa, amonestación, suspensión temporal, destitución, despido o resolución contractual del funcionario.

De darse el caso, el Estado también puede iniciar un proceso judicial por delito de peculado.